El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) negó contar con los registros que acrediten que Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa, hubiera adoptado o registrado a decenas de niños que nacieron o vivían bajo su cuidado en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán.
“Hasta el momento no tenemos ningún dato de adopción. Estamos revisando expedientes y documentos para determinar la situación de los menores, y aunque no contamos todavía con la totalidad de estos documentos, hasta el momento no tenemos registrada ninguna adopción, ni estatal ni federal”, dijo a 24 HORAS Adriana Luna Lozano, directora Jurídica y de Enlace Institucional del DIF nacional.
La funcionaria agregó que será en los próximos días cuando el Ministerio Público, en colaboración con los DIF estatales y nacional determinen la situación jurídica de los infantes encontrados dentro del albergue, sobre todo de aquellos que carecen de acta de nacimiento.
“Estamos trabajando para que estos niños tengan su registro. Además tenemos que ponernos de acuerdo con los sistemas DIF de cada entidad para que los menores que sean regresados a sus estados de origen sean reintegrados cuanto antes con sus familias”, comentó.
Luna Lozano indicó que, de acuerdo con la ley, los DIF estatales tendrán que hacerse cargo de dar atención a los menores que fueron víctimas de este caso, por ser su especialidad, y será cada una de las dependencias en las entidades quienes asuman la responsabilidad de la guardia y custodia provisional de los menores.
Seguirá deslinde de responsabilidades
El fin de semana, seis de las ocho personas detenidas en el operativo que emprendió la PGR en el albergue La Gran Familia fueron consignados a un penal en Nayarit. Se trata de personal de la institución, no obstante, al momento no se ha identificado alguna autoridad como responsable de estos hechos.
“Aún estamos tratando de establecer la responsabilidad penal que a cada persona le corresponda, tanto de los detenidos como de las autoridades que fueron omisas en su responsabilidad de supervisar el funcionamiento del lugar. Es un asunto ministerial y será la autoridad competente quien, en su momento, dará el resultado y determinación para deslindar responsabilidades”, aclaró Luna Lozano
De acuerdo con la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, son los sistemas de salud y DIF de los estados los encargados de organizar, operar, supervisar y evaluar los centros de asistencia social en cada entidad.
Segob advirtió sobre irregularidades
Por José Víctor Rodríguez
El Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (CNPSACDII) emitió el año pasado una serie de observaciones sobre la operación de albergues privados, mismos que fueron desatendidos por diversas autoridades.
Según un reporte entregado al Congreso de la Unión por el CNPSACDII, del cual 24 HORAS tiene copia, el secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que desde 2013 este tipo de albergues fueron calificados como centros que carecían de “transparencia” en el gasto de recursos públicos.
El documento establece que la Segob propuso “la contratación de un tercero para realizar un diagnóstico a los centros de atención privados para menores de edad, a fin de fortalecer la calidad de servicio”, el cual nunca se llevó a cabo.
Además, la Segob “estableció un mecanismo de colaboración en las entidades federativas aplicando una encuesta que permita obtener datos necesarios para contar con mejores resultados”. Hasta el momento se desconocen los resultados de dichas encuestas.
El reporte también advierte que la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, que preside la perredista Verónica Juárez Piña, desestimó y desechó (el 10 de enero de 2014), una solicitud para establecer la atención y cuidado infantil en las diversas entidades del país.
“La Segob señaló que dicho punto de acuerdo no fue dictaminado por la comisión ordinaria de los Derechos de la Niñez, siendo desechado por acuerdo de la mesa directiva el 10 de enero de 2014”, explica.
Sanciones
Si las denuncias de los familiares afectados por violaciones a los derechos humanos al interior del albergue La Gran Familia prosperan, le sería retirada la licencia a la administradora de este centro de atención infantil, Rosa del Carmen Verduzco.
El 24 de octubre de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenó la publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, por la cual se creó el CNPSACDII.
Este ordenamiento establece que de “no contar con el personal competente o suficiente para brindar los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil”, estos albergues serían clausurados y se le revocaría su licencia.