Jalisco logró grandes avances en las negociaciones entre partidos políticos y el gobierno del estado, no obstante, los legisladores evitaron concretar la homologación en la sesión de ayer y dejaron pendiente, hasta nuevo aviso. la sesión donde votarán la modificación de sus leyes.
El progreso en el Poder Legislativo del estado se dio luego de una nueva propuesta del Ejecutivo local, que incluyó varias causales de nulidad en las elecciones, el tema de la guerra sucia, la fórmula de distribución de los espacios de representación proporcional, y la cesión del Ejecutivo estatal para que sea el Congreso local el que nombre al fiscal especial para asuntos electorales.
A pesar de estos pasos que se dieron para destrabar sus ordenamientos, los legisladores locales no incluyeron la figura de candidaturas comunes, la reducción de prerrogativas y los cambios en la fórmula de distribución para asignar curules por representación proporcional, entre otros temas que fueron omitidos.
Ayer, en su sesión extraordinaria, el Congreso estatal no tocó el tema del dictamen y únicamente desahogaron lo referente al nombramiento de Martha Leticia Padilla como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, para después dejar en horario pendiente la siguiente sesión.
Sin avances en NL
Por su parte, Nuevo León no mostró avances, por lo que aún se mantiene en la inconstitucionalidad al no llegar a consensos en el ajuste de leyes, a pesar de que este siete de julio vence el plazo fatal.
Desde la semana, el Partido Acción Nacional ha frenado la discusión en el pleno debido a la falta de acuerdos con el PRI y otras fuerzas políticas
Tanto los legisladores del PRI como los del PAN se han negado a ceder a las peticiones de uno y otro.
A fin de no seguir en la inconstitucionalidad, la Comisión Permanente del Congreso en Nuevo León se declaró en sesión permanente para que en cualquier momento se pueda llamar a votación, sin embargo, hasta ayer no definían una agenda concreta con la que pudieran llegar al pleno una mayoría garantizada que apruebe la homologación de las leyes electorales del Estado con la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión.