En diversas ocasiones me han preguntado si seis años son suficientes para erradicar el problema del hambre y la pobreza en nuestro país, y mi respuesta siempre ha sido que estamos conscientes de la magnitud de esta condición que afecta a más de 50 millones de mexicanos, problemática que no se puede resolver de manera inmediata y asegurar lo contrario sería una irresponsabilidad.
El claro compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es combatir la pobreza extrema y la carencia alimentaria de los 7.4 millones de mexicanas y mexicanos identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) que carecen de acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la seguridad social, a un suficiente ingreso económico y, sobre todo, a la alimentación.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Peña ha impulsado políticas públicas y reformas a la ley que permiten tener por primera vez una política social con un enfoque de derechos, que establece las bases para atender de manera efectiva y disminuir la pobreza extrema y la carencia alimentaria hacia los próximos años en nuestro país.
A partir de la focalización del Coneval, hoy conocemos las localidades y los polígonos urbanos más pobres del país y sabemos en dónde viven esos 7.4 millones de personas.
La determinación de las zonas urbanas con mayor presencia de habitantes en condiciones de pobreza es un elemento central para la focalización de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, es ahí donde estamos dirigiendo recursos y acciones de esta Cuarta Decisión Presidencial, instruida el 1 de diciembre de 2012 por el titular del Ejecutivo.
A más de un año de haberse puesto en marcha la Cruzada, hoy más de tres millones de personas cuentan con mejor alimentación, servicios básicos de infraestructura en sus viviendas y en sus comunidades, acceso a atención médica, capacitación para proyectos productivos, entre otros beneficios; y como resultado de su impacto, esta estrategia en 2014 se ha ampliado de 405 a mil 12 municipios, en donde llegan, al menos, 70 programas de 19 dependencias del Gobierno Federal.
Bajo este esquema de dinamismo e integralidad, y principalmente de corresponsabilidad, es como debe entenderse la política social de nueva generación del Presidente Peña Nieto, y de ahí la importancia de la Cruzada.
La Quinta Decisión Presidencial, que es el Seguro de Vida para Jefas de Familia, ha incorporado a más de cuatro millones de mujeres que son el único sostén de su familia, para que en caso de que ellas lleguen a faltar, sus hijos estén protegidos económicamente hasta terminar sus estudios universitarios. Actualmente, este seguro ya protege a más de dos mil niños y jóvenes en todo el país, con lo cual se garantiza el derecho a la educación, consignado en el Artículo Tercero de nuestra Constitución para este importante grupo de población.
Con el Seguro de Vida para Jefas de Familia se amplía el sistema de seguridad social, con un enfoque universal, mediante la incorporación de las jefas de familia en condición de vulnerabilidad con hijos de hasta 23 años de edad a un seguro de vida.
Con ello se asegura el futuro de aquellos niños y adolescentes que, teniendo a su madre como único sostén, la pierden, quedando en estado de orfandad.
El gobierno de la República reconoce que uno de los grupos de población que registra acentuados índices de pobreza y vulnerabilidad por su condición de edad, son los adultos mayores, por lo que en atención a la Sexta Decisión Presidencial, la política de desarrollo social del gobierno del Presidente Peña ha ampliado progresivamente la atención a este grupo social.
En este sentido, se trabaja en la incorporación del 100% de los adultos mayores de 65 años y más a la pensión universal, con ello se busca proporcionar a este grupo de población una vejez digna, en un ambiente de respeto y calidad humana.
El Programa Pensión para Adultos Mayores brinda a los adultos de 65 años y más un apoyo económico y establece las condiciones para transitar a la Ley de la Pensión Universal, proyecto promovido por el Presidente Peña Nieto ante el Congreso de la Unión.
El criterio de elegibilidad para hacerse acreedor al apoyo es no recibir ingresos superiores a mil 92 pesos mensuales por concepto de pago de pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente.
Con la ampliación del Programa Pensión para Adultos Mayores a personas de más de 65 años, del año 2013 a la fecha hemos incorporado a más de dos millones de adultos mayores, por lo que hasta este momento ya se beneficia a un total de 5.6 millones de mexicanas y mexicanos en esta condición, otorgándoles acceso a la seguridad social.
Combatir la pobreza y brindar igualdad de oportunidades a todos los mexicanos para su pleno desarrollo es la única forma de romper el círculo intergeneracional de la pobreza; a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias se ha incidido en la disminución de las carencias en calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda y su entorno, se han construido pisos, muros y techos firmes; instalado redes de agua potable, drenaje, electricidad, servicios sanitarios, estufas ecológicas y sistemas de captación y almacenamiento de agua con repercusión directa en la calidad de vida y la salud de las familias que allí habitan.
Hoy, junto a las reformas estructurales con sentido social que ha impulsado el Presidente de la República y que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, entramos a una nueva era del federalismo, donde los municipios tendrán un papel fundamental y serán protagonistas para impulsar el desarrollo social en sus territorios como nunca antes en la historia.
Estoy convencido de que la política social integral de este gobierno es la correcta, tenemos que avanzar con pasos firmes.
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