Algunos sucesos recientes reavivan la iniciativa que promueve la ley de proyecto público a través de proyectopublico.org, sobre todo en el ámbito de los concursos. Particularmente, el pasado 22 de mayo se llevó a cabo una mesa de debate bajo el título “Arquitectura y concursos” en el Centro Cultural España, dentro del marco de la VIII-BIAU, (octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo) protagonizada por los arquitectos Víctor Alcérreca, Eduardo Cadaval, Antonio Gallardo y Felipe Leal (por orden alfabético). Aquí un reporte.

 

 

Allí, bajo la premisa introductoria de Cadaval respecto a que “los concursos no son un problema de arquitectura ni de arquitectos sino de transparencia y de acceso a las oportunidades laborales que ofrece el estado… de democracia”, el debate -que afortunadamente está disponible en YouTube- aportó valiosa y no poca sustancia novedosa a la citada iniciativa que busca -en resumen- construir un ámbito laboral más adecuado para la práctica profesional de la arquitectura. Después de la lectura de su provocativo texto, “alguien te quita el trabajo”, cedió la palabra a Víctor Alcérreca, quien inició su participación leyendo algo muy bien escogido sobre la política de Finlandia. Como ya es sabido, destaca el alto grado de avance y conciencia que tienen en aquellas latitudes sobre la arquitectura. “…concursar es seguir educando a los arquitectos, al público y al propio gobierno…” “…los tomadores de decisiones en Finlandia reciben instrucción en arquitectura por parte del Estado, la arquitectura es uno de los aspectos más relevantes de las actividades cívicas… Los concursos son asunto del público…”

 

 

Antípodas de México o no, lo que es un hecho todo el tiempo es que el binomio educación–economía resuelve en buena medida grandes problemas de la humanidad…que además de la filosofía o la teología, si se quiere, encuentra en la arquitectura una oportunidad sin precedentes.

 

 

Por su parte el Arq. Antonio Gallardo propuso desde la mayéutica por qué debe haber concursos… o por qué no. Su análisis sobre los problemas relacionados a los muy controvertidos concursos en México introduce una circunstancia adicional y cierta: no somos buenos perdedores de concursos…en las redes sociales hacemos pedazos al ganador… y muchas veces sin conocer las bases o la memoria del concurso: Estela de Luz, La Merced, la Bienal de Venecia o el recientemente ganado pabellón ferial para la Exposición Internacional de Milán 2015 -también seriamente criticado en las redes sociales- dan cuenta de que no estamos cerca de tener una cultura de organización de concursos de arquitectura… ¿Por qué se sigue haciendo lo que no se debe hacer?… “lo primero que debe existir es voluntad” (totalmente de acuerdo).

 

 

La participación de Felipe Leal en ese contexto compensa los puntos de vista de los otros ponentes. Él expone, desde el conocimiento y la experiencia en las diversas posiciones de gobierno que ha ocupado, un panorama muy extenso sobre los concursos; desde los académicos hasta los privados, pasando por los públicos abiertos, los públicos cerrados, los públicos y privados por invitación, los Profesionales de Visión que no se construyen, hasta “los secretos”, aludiendo al ya no tan secreto concurso del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Independientemente de los concursos fallidos que abordó Felipe Leal con cierto grado de detalle también, la ocasión fue propicia para iniciar nuevos encuentros por parte de un grupo de arquitectos que buscan, desde la diversidad y la suma de más  participaciones, avanzar en la cultura de los concursos en México.

 

 

A partir de un esbozo inicial llamado “Manifiesto sobre la gestión democrática de proyectos arquitectónicos y servicios complementarios para la obra pública”, preparado recientemente por el Arq. Arturo Ortiz Struck, con el apoyo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, ahora presidido por el Arq. José Luis Cortés, este nuevo impulso promete avances significativos en esa dirección.

 

 

Las aportaciones recientes sobre la infraestructura que necesitaría el país para que toda la obra pública se concursara, sobre la calidad de obra que deberían garantizar los concursos, o sobre la anhelada transparencia en los procesos de calificación -entre muchas otras cosas-, ponen un ánimo y tono propicios para acelerar la redacción de una Ley de Proyecto Público y para insistir sobre la voluntad política necesaria para su implementación.