El artículo 134 de la Constitución, que regula la propaganda gubernamental, aún es letra muerta, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) “navega en círculos” y está impedido para investigar y sancionar a los funcionarios que promocionan su imagen utilizando recursos públicos, coincidieron los consejeros del INE.
Esto se debe a que el Congreso de la Unión tiene un atraso de siete años en la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 134, la cual normaría la propaganda institucional.
La reciente reforma electoral contiene un artículo transitorio donde se otorgaba como plazo fatal el 30 de abril para que el Congreso de la Unión aprobará la Ley de Propaganda Institucional, sin embargo, éste fue incumplido.
Dentro del paquete de legislaciones secundarias en materia electoral, aprobadas hace dos semanas, no se incluyó el tema de la propaganda, lo que permite que continúe una laguna legal en la materia que deja al INE sin facultades para castigar a los funcionarios que utilicen recursos públicos para su promoción personal.
Ante ese escenario, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, consideró que la reforma electoral de 2014 está incompleta al no contar con esa regulación.
Con ello, el instituto está impedido para investigar el caso, por ejemplo, del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien acumula varias denuncias por la promoción de su imagen fuera de su estado.
El tema del mandatario de Chiapas ha llegado, incluso, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual emitió una sentencia que ordenaba al INE a pronunciarse sobre el caso.
Sin embargo, los argumentos del Instituto Nacional Electoral están basados en sus atribuciones legales, que están incompletas sin una ley reglamentaria en materia de propaganda. Si la promoción de la imagen de un funcionario ocurre fuera de un proceso electoral, no se puede investigar el caso.
El consejero Marco Antonio Baños indicó que, desde 2007, el tema de la regulación del uso de recursos públicos en propaganda ha estado fuera de la agenda del Congreso de la Unión.
Los partidos, explicó, “se sienten cómodos con la ausencia de la legislación” que defina las reglas para que los gobernantes puedan publicitar las acciones de gobierno y sus informes anuales.
La laguna legal ha generado que las denuncias sobre el presunto uso de recursos públicos para promocionar la imagen de gobernantes no sea investigada y, prácticamente, brinque del instituto electoral al tribunal sin que haya una resolución.
Hasta que los legisladores aprueben la ley reglamentaria en materia de Propaganda Institucional será el Instituto Nacional Electoral tendrá facultades para investigar los casos de promoción de imagen de gobernantes con dinero público.
Protesta de contralor genera controversia
Gregorio Guerrero Pozas tomó protesta por un segundo periodo al frente de la Contraloría del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual generó polémica entre los consejeros y los representantes de partidos políticos.
El consejero Benito Nacif enlistó una serie de deficiencias, que a su juicio, ocurrieron durante el primer periodo de Guerrero Pozas en la Contraloría del otrora IFE y pidió que ésta instancia también se incluya en el programa de austeridad del instituto.
De acuerdo con Nacif, la Contraloría cuesta 100 millones de pesos al año, “hoy en día cuesta casi el doble de lo que cuesta administrar el Servicio Profesional Electoral, cerca del 40% de los puestos de la Contraloría son mandos medios o superiores”.
El consejero criticó las resoluciones del contralor, “debe mejorar la calidad de sus resoluciones y revisar el procedimiento para fincar responsabilidades. En el 2013 cinco resoluciones de la Contraloría fueron revocadas en revisión por tribunales administrativos”.
Por su parte, los representantes de los partidos políticos defendieron la designación del funcionario. El senador Javier Corral, representante del Poder legislativo ante el INE, manifestó: “el papel de un contralor en un órgano como éste, en una institución como ésta, no solamente tiene un carácter estratégico para el fortalecimiento de las instituciones, sino tiene un valor fundamental para la confianza y la credibilidad que esta institución”.
Durante la época de Leonardo Valdés como presidente del IFE, Gregorio Guerrero evidenció actos como la sobre compra de un edificio por 124 millones de pesos o el denominado “cochinito inmobiliario” del instituto, lo cual, derivó en diferencias entre los funcionarios y el contralor.