Por enriquecimiento ilícito y recursos de procedencia ilícita, que en conjunto superan los 24 millones de pesos, presuntamente provenientes del otorgamiento de amparos a favor de casinos, el Consejo de la Judicatura Federal presentó cargos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra un juez y un secretario.

 

La denuncia es en contra de Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, quienes se desempañaban como juez y secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, respectivamente.

 

Las investigaciones contra estos dos funcionarios públicos iniciaron hace tres años, cuando algunas irregularidades fueron detectadas y por ello el Consejo decidió suspenderlos de sus cargos, a principios de este año decidió separarlos de manera definitiva y hoy presentó la denuncia de hechos.

 

Ayer el CJF

 

Por irregularidades en amparos a favor a dueños de casinos y casas de apuestas entre el 2006 y el 2009, el Consejo de la Judicatura Federal indicó ayer que presentó la denuncia contra Jerezano Treviño y Tiscareño Mercado por los delitos de enriquecimiento ilícito y recursos de procedencia ilícita.

 

No hay congruencia entre el sueldo de los funcionarios públicos con respecto a sus gastos y bienes que realizaron y acumularon durante los años referidos, indican las investigaciones internas del Consejo.

 

Como parte de la investigación administrativa y del procedimiento disciplinario se detectaron presuntas irregularidades, particularmente relacionadas con el otorgamiento de los permisos a empresas dedicadas a juegos y sorteos.

 

Dichas actuaciones fueron firmadas en forma conjunta con el secretario Gerardo Tiscareño Mercado y que avalaron la operación de los casinos dentro del juicio de amparo 99/2008 promovido por “Atracciones y Emociones Vallarta”.

 

La Contraloría del Poder Judicial de la Federación confirmó que Jerezano Treviño no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de su encargo por 3 millones 518 mil 959. 48 pesos.

 

También efectuó operaciones aparentemente ilegales por otros 3 millones 650 mil pesos en créditos, que fueron liquidados de manera anticipada, además de abonos o depósitos a sus familiares superiores a los 4 millones 150 mil pesos.

 

Tan sólo uno de sus familiares recibió depósitos, de origen desconocido, por 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que dicha persona pudiera comprobar ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria, durante el periodo referido en el que se llevaron las auditorías.

 

Asimismo, el pariente de Jerezano Treviño adquirió inmuebles por un valor de 13 millones de pesos, sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas.

 

Las referencias fueron entregadas al MP de la Federación para fundamentar la demanda en contra de servidor público, esto con base al artículo 131 de la Ley Orgánica del PJF.

 

Antecedentes

 

Un ejemplo de las acciones del juez y su secretario quedó asentado en el amparo 99/2008, registrado en Torreón, y con el que se otorgaban los permisos a Entretenimientos Vallarta para operar 41 centros de apuestas remotas con Salas de Sorteo de Números. La empresa ya contaba con autorización para el funcionamiento de un hipódromo/galgódromo y otros nueve centros de apuestas.

 

“Mediante acuerdo de cumplimiento de fecha 10 de junio del año 2009, se autoriza, en términos de la sentencia emitida el 11 de diciembre de 2008, en el juicio de amparo 99/2008, emitida por el Juez Cuarto de Distrito en Laguna, Torreón, Coahuila, la instalación de 41 centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números tradicionales y electrónicos en las entidades de la República Mexicana”, se informó a través de la página de la Segob.

 

Por estas y otras anomalías, el CJF suspendió a Jerezano Treviño y a Tiscareño Mercado en septiembre de 2011 y apenas el pasado 23 de enero reiteró la suspensión.

 

“La determinación dictada por el Pleno del CJF implica que no podrán gozar de sueldo alguno, hasta en tanto se concluya el proceso disciplinario”, indicó el Consejo.

 

El lunes pasado el Poder Judicial Federal presentó una denuncia ante la PGR en contra de dos magistrados, un juez, y un secretario de acuerdos presuntamente involucrados en una red de protección a favor de propietarios de casinos y casas de apuestas al norte del país.

 

Los funcionarios denunciados son:  magistrado Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; magistrado José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas; el juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos-, y Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.

 

Consejero Cabeza de Vaca dispuesto a declarar

 

El consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca, dijo estar dispuesto a declarar ante la PGR por los casos de corrupción en los que se han visto involucrados jueces y magistrados, entre ellos su secretario técnico, al otorgar amparos a favor de casinos y casa de apuestas.

 

El consejero aseguró que no tenía “la menor sospecha” de que su subordinado, Mario Alberto Prado Rodríguez, estuviera implicado en actividades ilícitas, y aseveró que él es uno de los principales interesados en que se aclare la situación, sobre los fallos judiciales a favor del denominado Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona.

 

Dijo que las denuncias que se han presentado en los últimos días por parte del Consejo de la Judicatura Federal son el reflejo de que  se actuará con mano firme para combatir la corrupción y cualquier otro acto irregular que atente contra la aplicación de la ley.

 

“Eso (su posible declaración ante PGR), tendríamos que verlo en la situación que sea por la condición de alto servidor público de la Federación, pero tenemos toda la disposición a declarar (…).Soy el más interesado en conocer la verdad, yo fui quién empujó la investigación y quien impulsó la presentación de la denuncia”, aseguró en funcionario judicial.

 

No descartó la posibilidad, de ser necesario y en caso de que se lo requiera el Ministerio Público Federal, de presentar su declaración por escrito, como superior inmediato de Prado Rodríguez.

 

Subrayó que hay exámenes de control para jueces, pero son pruebas diferentes de las que se aplican a otro tipo de servidores públicos, pero no hay filtros para magistrados y secretarios técnicos de cada ponencia.

 

“Debe de haber exámenes de controles de confianza pero son distintos los que aplican para los jueces”.

 

Aunque reconoció que en el caso de los magistrados,  y su propio secretario técnico, Prado Rodríguez, no hubo ningún tipo de análisis para comprobar su probidad, “para ellos, no hay ningún tipo de control técnico”, dijo Cabeza de Vaca.

 

Recordó que la actuación de la Judicatura contra funcionarios judiciales sospechosos de incurrir en actos de corrupción no es nueva, ya que desde el año 2011 se comenzó a actuar en contra de servidores públicos de la Judicatura que  incurrieron en irregularidades al favorecer con sentencias y suspensiones a casas de juego y casinos en Nuevo León.

 

“Tomamos la iniciativa cuando conocimos los hechos que se hicieron públicos, pero por otro lado, siempre hemos combatido ese tipo de cosas, como ustedes lo supieron, las acciones que ha intentado el Consejo de la Judicatura son permanentes, no es una cosa que haya salido de repente, puesto que desde el 2011 ya había investigaciones y había procesos sancionatorios en contra de algunos servidores públicos”, reiteró.

 

Por ello, seguirá trabajando como consejero de la Judicatura mientras se resuelve este caso, pero sin impedir ni obstaculizar las investigaciones  que realizan el Poder Judicial de la Federación y la PGR, respectivamente.

 

“El PJF está firme en el combate a la corrupción, y cualquier cosa que nos dé motivo a que sea investigado así se hará con toda firmeza y con toda energía para que responda quien tenga que responder. No se tenía ninguna sospecha, ningún elemento ni ninguna denuncia”, concluyó.