El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral Jurado, criticó que el bono vitalicio de retiro para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), representa un pago de facturas atrasadas o futuras por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

 

En su cuenta de Twitter el panista emitió varios mensajes en los que arremetió contra los cambios de última hora que fueron aprobados anoche por el pleno de la Cámara de Diputados, y entre los cuales se avaló el bono vitalicio para los magistrados electorales.

 

Calificó de “golpe brutal” que ante casos sin resolver como el de los monederos electrónicos de Grupo Monex o el rebase de gastos de campaña de Peña Nieto, se haya aprobado una pensión para los magistrados electorales.

 

“En discusión separada de la reforma electoral, el Congreso debe ventilar la pretensión exacta de los magistrados del TRIFE sobre un haber de retiro”, dijo Corral.

 

“Están pendientes en el TRIFE, asuntos como Monex y el rebase de gastos de campaña de @EPN, el bono de retiro a los Magistrados es un golpe brutal”, consideró.

 

“La defensa y voto del PRI a favor del bono de retiro a magistrados del TRIFE, tiene toda la significación de un pago de facturas pasadas o futuras. El bono de retiro a los magistrados del TRIFE debe ser rectificado; requiere una discusión objetiva y transparente. Está en juego su credibilidad”, continuó.

 

Asimismo estimó que “el silencio del TRIFE sobre el ‘haber de retiro’ que colocó de manera subrepticia el gobierno y su partido en la reforma electoral, es ominoso”.

 

En el mismo sentido se pronunció el senador Miguel Barbosa, del PRD, quien dijo que en la mesa de negociaciones todos estuvieron “de acuerdo en que desapareciera” del documento propuesto por el Ejecutivo.

 

Justifica Presidencia el bono

 

Sin embargo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, aseguró que la pensión “fue parte de los acuerdos que se hicieron en las mesas de negociación” y destacó que “no fue un gol de nadie”.

 

Negó que se trate de una pensión vitalicia, sino de una compensación a los magistrados porque, una vez que dejan el cargo, no pueden litigar durante dos años. Además, dijo que la decisión de otorgarla o no quedaba en manos de la Comisión de Administración del TEPJF.

 

Los senadores del PRI y del Verde aprobaron el miércoles la medida y anoche hicieron lo mismo sus colegas de la Cámara baja, algunos con el argumento de que cambiar el texto supondría regresar la norma al Senado y detener todo el paquete que reglamenta la reforma político-electoral.

 

Contrarreforma

 

El debate llegó a un punto tan álgido que el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que se puede presentar “próximamente” una iniciativa a la Comisión Permanente del Legislativo que mejore la redacción en torno a la pensión.

 

“Detener las leyes electorales, eso sí sería muy grave para el país”, afirmó en torno a la controvertida pensión, considerada por la oposición como “pago anticipado de favores (del PRI) con miras a las elecciones de 2015”.

 

Barbosa anunció que el próximo miércoles presentarán la iniciativa para derogar la pensión, un beneficio del que ahora solo gozan el presidente y los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

 

En el caso de magistrados del Supremo, al retirarse los dos primeros años perciben el 100 % de su salario y a partir del tercero y hasta que mueren reciben el 80 % de los ingresos de los ministros en activo.

 

Luis Carlos Ugalde, extitular del instituto encargado organizar las elecciones en México, pidió la eliminación de esta medida al considerar que pone bajo sospecha al TEPJF y sus resoluciones futuras.

 

El periodo extraordinario que concluyó hoy fue convocado para aprobar el paquete de leyes claves para la organización de los comicios federales y locales de 2015 bajo los criterios aprobados en diciembre pasado dentro la reforma política electoral.

 

Aún quedan pendientes otros dos periodos extraordinarios de sesiones para procesar las leyes reglamentarias de las reformas en materia de telecomunicaciones y energía antes de que concluya el mes de junio.

 

El Congreso terminó el 30 de abril su primer periodo ordinario de sesiones del año sin desahogar dichas iniciativas, que deben estar listas antes del inicio del segundo periodo ordinario, el 1 de septiembre próximo.