Junto con Nigeria, Marruecos, Uzbekistán y Filipinas, México es un país prioritario para poner fin a la tortura, señaló Amnistía Internacional (AI) durante la presentación de una campaña global para abolir esta práctica.
Este martes, el organismo presentó en Londres el estudio “Tortura en 2014: 30 años de promesas rotas”, a tres décadas de la adopción de la Convención de la ONU contra la Tortura. En el documento señala que la práctica “está floreciendo” en muchas partes del mundo, principalmente en cinco países en los que “la tortura es generalizada y tolerada”, entre ellos México.
Este martes AI hizo pública una carta abierta firmada por el secretario general de AI, el indio Salil Shetty, y dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, en la que propone al mandatario nueve medidas concretas para alcanzar avances reales en la eliminación de la tortura.
“Hace cuatro meses el Presidente le pidió al secretario general de AI que le hiciera recomendaciones para avanzar en la erradicación de la tortura, hoy le entregamos estos ejemplos concretos y ahora tenemos que ver si los pone en práctica”, dijo Perseo Quiroz, director de AI en México.
El 18 de febrero pasado, Shetty hizo un balance de su primera visita al país, en la que presentó el documento “Los retos de México en materia de derechos humanos” que un día antes le entregó a Peña Nieto en un encuentro que sostuvieron en la residencia presidencial de Los Pinos.
Petición de AI a México
-Emitir una declaración presidencial para que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información sobre presuntas desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas o malos tratos y otras violaciones a derechos humanos sea enjuiciado con arreglo a las normas internacionales.
-Garantizar la aplicación total del Código de Justicia Militar reformado para asegurar que todo el personal castrense implicado en violaciones a derechos humanos contra civiles, en el pasado o actuales, sea investigado y juzgado por el sistema de justicia ordinaria.
-Revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de torturas y otros malos tratos, e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul en la materia, y garantizar que las presuntas víctimas tengan acceso inmediato a expertos médicos independientes.
-Asumir un compromiso político y económico claro con la aplicación de las recomendaciones preliminares del relator especial de la ONU sobre tortura, y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.
-Otras medidas se refieren a la abolición del arraigo (detención provisional), el establecimiento de mecanismos nacionales de búsqueda rápida de personas desaparecidas y la realización de acciones para demostrar que se producen avances sustanciales en la prevención y el castigo de todos los abusos contra migrantes.