WASHINGTON. Parece que a la Corte Suprema no le agradó el martes la idea de permitir a la policía que registre libremente los teléfonos celulares de las personas que arrestan, un nuevo asunto de privacidad en medio de la rápidamente cambiante tecnología.

 

Los magistrados parecieron rechazar el argumento del gobierno del presidente Barack Obama de que la policía debe poder realizar esos registros sin una orden judicial.

 

Una interrogante clave en dos casos escuchados el martes es si los celulares, que tienen una gran cantidad de información sensible, fotografías y comunicaciones, son un terreno privado como la vivienda.

 

“La gente lleva toda su vida en sus móviles”, dijo la magistrada Elena Kagan.

 

Lo que sucede con estos dispositivos que casi todo el mundo usa ahora es que se ha pedido al tribunal que adapte antiguas normas a los avances tecnológicos del siglo XXI. “Vivimos en un mundo nuevo”, dijo el magistrado Anthony Kennedy.

 

El tribunal escuchó argumentos en casos de un vendedor de drogas y un pandillero que fueron declarados culpables en parte sobre la base de las pruebas encontradas en sus celulares.

 

Los magistrados indicaron que pudieran inclinarse a limitar los registros sin orden judicial a pruebas del delito en que se basa un arresto. Los dos acusados pudieran perder con tal decisión.

 

Pero en un sentido más amplio, una decisión que restrinja los registros de celulares pudiera evitar que la policía someta a los arrestados por delitos menores a un registro total de sus teléfonos. También evitaría que la policía use los teléfonos para conectarse con internet y ver cualquier información que la persona haya almacenado en línea.

 

Si la policía arresta a alguien por conducir sin el cinturón de seguridad puesto, dijo el magistrado Antonin Scalia, “parecería absurdo que pueda registrar el iPhone de esa persona”.

 

La Corte Suprema ha fallado que la policía puede vaciar los bolsillos de un sospechoso y revisar cualquier cosa que encuentre para proteger la seguridad de los agentes y evitar la destrucción de pruebas. El gobierno de Obama y el estado de California, al defender los registros, dijeron que los teléfonos móviles no deben gozar de un mayor nivel de protección en caso de registros que cualquier otro objeto que la policía encuentre.

 

Los dos acusados en estos casos, respaldados por numerosos defensores de los derechos civiles, bibliotecarios y grupos de medios noticiosos, alegaron que los teléfonos móviles, en especial los smartphones, son cada vez más computadoras poderosas que almacenan gran cantidad de información personal sensible.