La petición de senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para someter la reforma energética a la consulta popular, dividió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues cuatro ministros se posicionaron por desechar la solicitud; tres la apoyaron y otros cuatro fijarán su postura hasta el jueves.

 

Hoy el pleno de la Corte inició el debate sobre una consulta presentada por su presidente, Juan Silva Meza, para aclarar el trámite que se le debe dar a la solicitud de los senadores perredistas Alejandro Encinas, Manuel Camacho y Mario Delgado, para que sea el máximo tribunal el que defina si la reforma energética puede ser sometida a la consulta popular.

 

Sobre este tema cuatro ministros se pronunciaron a favor del proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán, quien propuso desechar la solicitud de los perredistas; tres hablaron a favor de que la Corte le ordene al Senado enviar las firmas recabadas al IFE o al INE para que éstos determinen si las firmas están legitimadas o no; y cuatro ministros fijarán su postura hasta el próximo jueves.

 

“Me parece que tres ciudadanos mexicanos no están legitimados para venir a pedir a la Corte que lleve a cabo esta acción porque no se desprende del texto constitucional, porque entonces cualquiera podría venir a la Corte en el momento que quisiera a pedir que se califique la consulta, alterando el orden lógico de la sucesión de eventos que tienen que irse dando”, explicó el ministro Jorge Pardo.

 

El ministro José Ramón Cossío propuso enviar el expediente al Instituto Federal Electoral (IFE) indague si las cajas presentadas por el PRD realmente contienen 1.7 millones de firmas en contra de la reforma energética, y si éstas son válidas.

 

“En este momento no sé, ni tengo por qué saberlo, si un millón 762 mil 242 firmas constituyen o no el 2 por ciento de los inscritos en la lista (nominal de electores), esta función se le delega a otro órgano para conferirle legitimación a la pregunta que los ciudadanos que nos están haciendo”, opinó.

 

En tanto, Olga Sánchez Cordero propuso enviar el caso de vuelta al Senado para que ejecute el trámite previsto en el artículo 35 de la Constitución.