El Pacto por México, al que le cantaron el Réquiem la semana pasada, no murió, se transformó. Desde este viernes entró a la vida pública en forma legal, como parte de las reformas democráticas de segunda generación que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto, que siguieron desmantelando los andamiajes del autoritarismo mexicano. La falta de interés generalizado en las entrañas de esta reforma no debe ser motivo para dejar de celebrarla. En especial la vida nueva que le da al Pacto por México.

 

Ese pacto, anunciado al segundo día de gobierno de Peña Nieto, fue el instrumento mediante el cual el PRI, el PRD y el PAN rompieron una larga parálisis legislativa y permitió una agenda legislativa que aprobó más de 80 leyes que colocaron nuevas bases fundacionales en México. Pero era un vehículo meta constitucional que vulneró la actividad legislativa y, por consiguiente la democracia, al subordinar a diputados y senadores al designio de una minoría sin representación popular.

 

El Pacto era una mesa de discusión y trabajo donde las élites, el gobierno y los partidos, decidieron una agenda conjunta, definieron en qué campos y con qué leyes trabajarían coordinadamente, les establecieron sus prioridades e instruyeron a los legisladores a procesarlas en los términos como lo habían decidido muy lejos de las cámaras. Senadores y diputados fueron acotados en sus márgenes de decisión y obligados a votarlas. Hubo resistencias y disidencias ante este procedimiento antidemocrático que se creó para que avanzara la democracia, que no es una contradicción inédita en la historia de la política.

 

Como tal, el Pacto por México era frágil y tenía fecha de caducidad. Comenzó robusto y homogéneo en la cúpula tripartita y se convirtió, como lo ha sido el sistema político mexicano, en un mecanismo elástico que se ajustaba política e ideológicamente a las necesidades coyunturales de cada reforma. La Reforma Energética lo detonó. Aunque había esperanzas en el gobierno que no sucediera, nadie dudaba lo difícil que sería para la izquierda aceptar cualquier apertura petrolera. Colocada hasta el final de las grandes reformas peñistas, el Pacto fue sacrificado después de servir como placenta del cambio.

 

Pero, resultado de la sofisticación de los políticos –poco reconocido en México-, renació legalmente el viernes como “gobierno de coalición”, una figura dentro de la Reforma Política que dota al sistema una vez más a una elasticidad y le permitirá moverse, según la coyuntura del momento, entre el régimen presidencialista que es, y un régimen semi parlamentario. El gobierno de coalición es el Pacto por México institucionalizado y con muchos más alcances.

 

El objetivo primordial es la gobernabilidad, pero con la característica sui generis de ser protestativo del Ejecutivo. Esto es, que si ante resultados electorales, como en las dos últimas elecciones, donde no obtiene una mayoría absoluta –en las democracias esto ya es muy difícil de lograr-, que pueda dificultar los acuerdos políticos y la gobernación, puede plantear un gobierno de coalición con uno o más partidos.

 

Pero no sería sólo la incorporación al gabinete de miembros de otros partidos –como se ha hecho en el pasado-, sino que se tendría que aprobar también un programa de gobierno conjunto en el Congreso. No incorpora, como en los regímenes parlamentarios, la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, pero la facultad protestativa del Presidente le permitirá disolverlo mediante una sustitución en el gabinete. En la práctica, el Presidente tiene todos los recursos para la gobernabilidad y la oposición la capacidad para influir y decidir conjuntamente el destino del país.

 

Se puede argumentar que lo avanzado no es mucho si se realizan análisis comparativos con otras transiciones democráticas, pero es un gran paso para la cultura política mexicana y una renovación importante entre sus actores principales. Más de una década se perdió en el logro de reformas de segunda generación, interrumpidas en los 90s, cuando en el 2000, el inicio del sexenio destinado al cambio, se atoró la transición y nunca empezó la consolidación democrática. Hubo incluso barruntos de regresión al viejo sistema autoritario. La necesidad del gobierno de Peña Nieto por cambiar el estado de cosas y que se movieran sus reformas, ha permitido que en un país donde la cultura aún no es democrática, se concreten reformas democráticas.