No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. El pasado 22 de enero fue ejecutado en Estados Unidos, mediante inyección letal, el mexicano Édgar Tamayo, acusado de haber asesinado a un policía de Texas hace veinte años. Lo anterior ocurrió a pesar de los llamados para aplazar la fecha por parte del gobierno de México y de varias organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes aseguraron que hubo deficiencias en el proceso y que rechazan la pena de muerte como medida de sanción.
A este tema, que resulta polémico y polarizante dedicamos la encuesta de esta semana.
Más allá de sus motivaciones, el 74% de los entrevistados considera que fue injusto el castigo con pena de muerte que recibió Edgar Tamayo, unos por su firme rechazo a la pena capital, y otros porque la ley –a decir de los medios, que nos mantuvieron expectantes durante dos semanas- no se aplicó correctamente, pues al mexicano no se le informó que tenía derecho a la protección legal de su país.
En ese sentido, y tras hacerse público el caso, el 48% de los encuestados considera que el gobierno mexicano hizo algo pero no lo suficiente por defender a su connacional, el 36% cree que el gobierno no hizo nada, y tan sólo el 7% de los entrevistados afirma que el gobierno mexicano hizo todo lo que tenía que hacer en un caso como éste.
México debe defender solo a acusados
No obstante, un dato que resulta revelador es que poco más de la mitad de los mexicanos, el 54%, cree que nuestro gobierno debe defender únicamente a los compatriotas que están siendo acusados injustamente en otros países, mientras que el 44% considera que debe defenderse a todos, sin importar que la acusación sea justa o injusta.
En cualquiera de los dos casos, la totalidad de los mexicanos cree que el gobierno de México debe abogar por sus ciudadanos cuando se trata de asuntos legales en el extranjero, sin embargo, como ya se vio, la percepción de su actuación en el caso de Édgar Tamayo dejó mucho qué desear.
Trasladándonos al caso de México específicamente, una vez reabierto el tema, preguntamos a los entrevistados si están a favor o en contra de la pena de muerte: en lo general, el 63% dijo estar en contra, el 24% a favor, y otro 12% a favor dependiendo de las circunstancias. Pero cuando se les preguntó del tema con ciertas particularidades, el porcentaje de los que dijeron que estaban a favor aumentó considerablemente.
55% de los encuestados dijo estar de acuerdo con que estuviera permitida la pena de muerte en el país cuando se trata de delitos como homicidio y secuestro, y un porcentaje igual cree que si existiera la pena de muerte disminuirían los delitos graves.
Pero el debate deja de existir cuando el 74% considera que en México la pena de muerte no se puede aplicar –más allá de los argumentos personales- porque el sistema de impartición de justicia es deficiente y morirían muchas personas de manera injusta.
Indudablemente, discutir sobre la pena de muerte siempre resultará complejo, pues es un tema multidimensional en el que están involucradas cuestiones políticas, sociales, legales e incluso de orden moral.
Mientras tanto, la conclusión a la que llegamos con la encuesta de esta semana, es que la gran mayoría estuvo en desacuerdo con la ejecución del mexicano, y que de este lado de la frontera más gente de la que se piensa estaría de acuerdo con la pena capital en situaciones extremas, pero no en las condiciones actuales, donde el sistema legal no está preparado para enfrentar semejante responsabilidad.
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