La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantías y seguridad para que no replanteen sus inversiones, tras la violencia y los robos reportados en Michoacán, Hidalgo y Estados de México.

 

“Exigimos a las autoridades federales y locales condiciones que garanticen la seguridad para la inversión y los negocios y de demandas investigar a fondo los hechos de violencia”, afirmó Vicente YáñezUlloa, presidente de ANTAD.

 

Según el empresario, la violencia e inseguridad afectan sensiblemente a la sociedad, a las familias consumidoras, a las empresas y sus colaboradores, a los comercios y a todos de negocios.

 

Hay inversiones en riesgo por cuatro mil millones de dólares previstos para 2014 por los actos en contra de asociados, señaló Yáñez durante presentación de los resultados de la ventas de las tiendas de autoservicios y departamentales.

 

Agregó que Michoacán está en el foco nacional e internacional, incluso hay robos e incendios en contra de los afiliados a la ANTAD por se solicita las autoridades tomen las medidas necesarias para que se establezca la confianza.

 

“Por supuesto que condenamos estos actos de violencia contra personas y empresas y específicamente contra las tiendas de nuestros asociados como los ocurridos recientemente en Hidalgo y en días pasados en Michoacán”, aseguró el representante de tiendas como Comercial Mexicana, Soriana, Oxxo, entre otras tiendas departamentales.

 

“No tenemos las pérdidas estimadas, pero sí son importantes sobre todo lo que más nos preocupa es que si se llega a poner en peligro pues la vida de los colaboradores”, explicó.

 

Hay un par de personas heridas no queremos que esto llegue a más, ahí llegan clientes como somos nosotros. Entonces el llamado a las autoridades es enérgico para que se establezca lo más pronto posible, dijo el presidente de la ANTAD.

 

“Con una estrategia integral (política, militar, económica, social, educación, salud, combate a la pobreza) el gobierno debe garantizar no sólo la seguridad, sino reestablecer el imperio de la ley y el Estado de Derecho para asegurar el crecimiento y el desarrollo económico y social de Michoacán y del país”, sostuvo Yáñez Ulloa.

 

“Tristemente, de poco van a servir las reformas si no cambiamos el clima de inseguridad que se vive en el país, que lleva a la mayoría de las empresas a considerar a este factor, como el principal freno que detiene su crecimiento”, advirtió por su parte Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 

“Las empresas formales y productivas no crecen en México porque hay un sistema fiscal ineficiente y costoso, por los altos costos que significa crear empleo formal pero sobre todo, de acuerdo a su propia percepción, por la inseguridad y delincuencia que viven sus propias comunidades en buena parte de nuestro país”, dijo el líder patronal.

 

Castañón calculó, con cifras de INEGI, que se dejan de invertir 65 mil millones de pesos a causa del crimen y de la propia inseguridad, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de nuestra capacidad para crecer.