Por tercera ocasión en menos de un año, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, anunció ayer que, una vez más, las fuerzas federales van “a rescatar a Michoacán y a devolverle la paz y la tranquilidad a sus habitantes”. Igual que en las dos ocasiones anteriores (la primera el 21 de mayo del 2013 y la segunda el 2 de agosto del mismo año) Osorio utilizó un tono pretendidamente enérgico para afirmar, ante la presión social y mediática, que “por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”, retomarán “el control” de las regiones michoacanas y a “restablecer el orden”.
Tres discursos, tres estrategias en ocho meses y hasta ahora el resultado es nulo en los intentos del gobierno federal por detener la violencia y la inseguridad en Michoacán, ahora agravado por el avance de grupos paramilitares, llamados de autodefensa, que en estos momentos tienen el control territorial y del gobierno de 18 municipios del estado, además de tener presencia y células en al menos 77 ayuntamientos. A todos esos grupos, Osorio los llamó ayer a deponer las armas y a dejarle al gobierno el tema de la seguridad.
El problema con el discurso del titular de Gobernación es que se ha desgastado y ha perdido credibilidad ante la situación de guerra que vive más de una tercera parte de Michoacán y que afecta a la totalidad de la entidad occidental. Es cierto que ayer, igual que ocurrió el 21 de mayo del 2013, se vieron impresionantes despliegues de fuerzas federales avanzar hacia la región de Tierra Caliente no sólo soldados del Ejército Mexicano, sino Policía Federal y hasta 11 helicópteros y 60 agentes de la PGR que llegaron ayer a tierras michoacanas.
En aquella ocasión, hace ocho meses, también se desplegaron tropas militares y federales por esa y otras regiones y se dijo que los efectivos del Ejército y de la PF no saldrían de Michoacán “hasta devolverles la paz”. Pero tras el espectacular arranque de aquel operativo pasaron las semanas y, salvo las primeras incursiones federales en algunos municipios como Buenavista y Tepalcatepec, no hubo muchas más acciones y poco a poco empezaron a diluirse los operativos y la presencia federal en las zonas de conflicto.
El resultado fue que, tres meses después, el 2 de agosto del 2013, la estrategia federal tuvo que ser relanzada con un nuevo nombre y con la convocatoria de empresarios, legisladores y académicos locales que junto con el gobierno estatal, entonces encabezado por el interino Jesús Reyna, se sumaron a otra promesa más de Peña Nieto y Osorio Chong: “Vamos a ir municipio por municipio, comunidad por comunidad, a devolverles la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”, informó entonces Gobernación en un comunicado.
Ayer el discurso no fue diferente: una vez más la promesa de que se implementará “una nueva estrategia” para la región que enfrenta una guerra sin cuartel entre los cárteles del narcotráfico y los grupos de autodefensa. “Vamos a Tierra Caliente… vamos a restablecer el orden por el bien de los michoacanos”, volvió a decir Osorio en Morelia junto al gobernador Fausto Vallejo.
Quizás el único cambio en la retórica del secretario de Gobernación fue el tono de “ultimátum” con el que se dirigió a los grupos de autodefensa, los mismos a los que apenas la semana pasada él mismo había defendido al asegurar que el gobierno mantendría el diálogo con ellos porque “no están fuera de la ley ni tienen ligas con el narcotráfico”. Parece ser que el escándalo nacional e internacional que desataron sus declaraciones, que significaban el reconocimiento tácito de la Administración Peña Nieto a grupos armados e insurgentes que tomaban por la fuerza el control y el gobierno de municipios, obligaron a Osorio a recular.
“Se invita a los grupos de autodefensa a mantenerse dentro del marco de la ley, ya que se aplicará la ley de forma rigurosa e indiscriminada contra cualquier persona que sea detenida en posesión de armas sin tener la autorización. Se les invita a que cumplan con los requisitos para ser incorporados a cuerpos de seguridad”, dijo ayer el secretario, quien finalmente reconoció que esos grupos “abonan en el debilitamiento del Estado de Derecho”.
Veremos pues si en este tercer intento el gobierno federal finalmente logrará frenar el caos de violencia y desorden en Michoacán junto a la amenaza constitucional y legal que representan los antes consentidos y tolerados grupos de autodefensa. Ayer los líderes de esos grupos respondieron que no habrá desarme hasta que el gobierno capture a los líderes de los Caballeros Templarios, mientras Osorio Chong insistía en que “se les aplicará el peso de la ley” a quienes se encuentren armados en el avance de las tropas federales. Después de la reculada del secretario, ¿será su tercera estrategia para Michoacán la vencida?