La siembra de cultivos genéticamente modificados o transgénicos mantiene un debate internacional sobre sus consecuencias para la salud que, a la fecha, llevó a diversos países a restringir las importaciones de estos alimentos o prohibir el cultivo de dichos productos en sus territorios.

 

Entre los gobiernos que han negado la siembra de transgénicos están 11 de los 34 países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocida como el “club de los ricos”, los cuales representan a algunas de las economías más sólidas en el planeta y que en su conjunto representan 80% del PIB mundial.

 

Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Grecia, Hungría, Irlanda, Polonia, Italia, Noruega y Australia, promulgaron leyes o decretos contra la siembra de semillas modificadas genéticamente.

 

En el caso australiano, este jueves el gobierno del estado de Tasmania anunció que se extendería indefinidamente la prohibición a los cultivos y animales genéticamente modificados para proteger a la industria agrícola y ganadera.

 

El subjefe del Gobierno de Tasmania, Bryan Green, dijo en un comunicado que esta jurisdicción insular mantendrá la vigencia de la moratoria a los organismos genéticamente modificados que aprobó en 2001.

 

“No habrá una fecha de término de esta moratoria para dar a los negocios de Tasmania un incentivo positivo para invertir en mercadotecnia y el desarrollo de la marca con el fin de aprovechar al máximo el potencial de las oportunidades brindadas por ser un estado libre de organismos genéticamente modificados”, señaló.

 

Además de estos países, otros gobiernos impulsaron prohibiciones contra el cultivo de alimentos transgénicos, como Bulgaria, que desde 2008  estableció una negativa para la siembra y comercialización del grano de maíz MON810, perteneciente a la empresa Monsanto.

 

En Latinoamérica, Ecuador mantiene el impedimento del cultivo de semillas genéticamente modificadas desde 2008, cuando al renovar su constitución determinó en el artículo 401 que el país quedará “libre de cultivos y semillas transgénicas”.

 

Asimismo, en Bolivia el presidente Evo Morales promulgó en octubre de 2013 la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la cual prohíbe la concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio, así como el uso de transgénicos en el país, además de conformar un fondo de justicia climática.

 

También el gobierno de Perú denegó el ingreso de productos transgénicos a su territorio durante un período de 10 años. Con el fin de proteger su biodiversidad, el Estado peruano elaboró el reglamento de la Ley de la Moratoria de Transgénicos, que impide el ingreso o producción en el país andino de organismos vivos modificados durante una década a partir de 2012.

 

Sobre el tema, Venezuela trabaja en un proyecto de ley de semillas, en el que una de las propuestas es la de frenar la producción, importación, comercialización, distribución y uso de semillas transgénicas, señalada en su artículo quinto.

 

Sin embargo el documento  se encuentra detenido por el Parlamento de la Asamblea Nacional de Venezuela.

 

Caso contrario sucede en países como Chile y México, ambas integrantes de la OCDE, Colombia, en proceso de sumarse a la organización, y Argentina, donde existen propuestas legislativas para regular el uso comercial de semillas transgénicas para su cultivo y comercialización.

 

Ambientalistas e instituciones han levantado la voz para señalar algunos de los daños que estos productos producen en la salud y el medio ambiente, que van desde el desarrollo de células cancerígenas en el cuerpo o la contaminación por polinización en cultivos.

 

De igual manera, grupos contrarios a los transgénicos señalan el impacto social y económico que producen en el ámbito agrícola, debido a que unas cuantas empresas podrían hacerse del control total del mercado de semillas por medio de patentes, y apuntan que al contaminarse algún campo de semillas nativas por medio de la polinización, las transnacionales podrían demandar a los campesinos por utilizar sus productos sin que estos los hayan pedido, tal como ha ocurrido en diversos lugares, incluido México.