El 20 de diciembre en Madrid las mujeres españolas vivieron una doble, no más bien una triple violencia, la de serles arrebatado el derecho al aborto libre, ser agredidas por policías en las calles al protestar ante la draconiana medida y despojarlas de su papel de ciudadanas como si de menores de edad se tratase.

 

El gobierno conservador del vilipendiado Mariano Rajoy aprobó el anteproyecto del responsable de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón que prevé que el embarazo sólo pueda ser interrumpido en caso de violación siempre y cuando sea denunciada o en caso de que el feto ponga en riesgo la salud de la madre. Esta nueva ley echa por tierra la promulgada hace tres años que permitía abortar libremente a las mujeres españolas antes de la 14 semana de gestación.

 

Ya desde octubre se preconizaba la imposición de la conocida como Ley Gallardón en que el aborto será considerado un delito y no un derecho de las mujeres. La nueva norma que es a todas luces más restrictiva que la existente entre 1985 y 2010 que incluía una clausula sobre la malformación del feto, pone en riesgo la salud de aquellas que no cuenten con el suficiente dinero para viajar al extranjero a abortar al usar técnicas peligrosas para inducir el aborto.

 

El Estado español tan solo evidencia su falta de compromiso con sus ciudadanas que de por sí se encuentran en una situación económica inestable por la crisis financiera y de falta de empleo que se vive lo que las dejaría en una situación de vulnerabilidad aún mayor al acudir a abortos en la clandestinidad.

 

En suma la postura contradictoria del gobierno español en que ha disminuido el apoyo económico a las familias pero criminaliza el aborto e incluso obliga a las mujeres a seguir embarazos con fetos con malformaciones genéticas y restar a la vez el presupuesto a las instancias de apoyo las deja en total indefensión.

 

Lamentablemente las posturas retrógradas en donde los cuerpos de las mujeres se convierten en propiedad del Estado se reproducen contantemente en el escenario internacional. En México, más específicamente en el Distrito Federal donde desde abril de 2007 el aborto es legal hasta las 12 semanas de embarazo se vive el riesgo de que sea limitado el acceso a la interrupción del mismo para las mujeres que provienen de otros estados de la República.

 

La iniciativa planteada por el diputado local panista Orlando Anaya para restringir el número de abortos señala que las mujeres que deseen practicarse un aborto deben tener residencia de tres años en el Distrito Federal si nacieron en la capital y residencia de cinco años si provienen de otro estado. La medida en suma limitante y completamente retrógrada afectaría a un gran número de mujeres que tienen que venir a la Ciudad de México para evitar ser enviadas a la cárcel pues en los demás estados se encuentra penalizado.

 

Me pregunto ¿en qué le afecta al diputado Anaya el que mujeres de otros estados se practiquen abortos en el Distrito Federal? Según sus más recientes declaraciones, los entre 55 y 85 millones de pesos utilizados para atender a las mujeres se utilizarían en comprar 50 mil 440 sillas de ruedas (espero sean de mejor calidad que las sillas de ruedas de plástico entregadas por el gobernador de Sonora Guillermo Padrés en 2012).

 

Lo que seguro empuja al diputado Anaya, quien según su cuenta de Twitter aparte de diputado panista es “comunicólogo, americanista, próvida y comprometido con las causas y valores ciudadanos. Presidente de Comisión de Juventud y Deporte”, a su rechazo al aborto es su posición “próvida”, que pese a su más que evidente contradicción con su supuesto compromiso con “las causas y valores ciudadanos” resulta en una afrenta contra las mujeres ¿acaso las mujeres no son ciudadanas? O ¿son ciudadanas de segunda y con ellas no hay ni compromiso ni empatía?

 

¿Por qué la insistencia en que las mujeres seamos las enemigas y parias del Estado? ¿si nos decimos vivir en sociedades democráticas y con jurisprudencias laicas porque se les sigue prohibiendo a las mujeres sean dueñas de sus propios cuerpos?

 

Cuando leo sobre el caso del Estado español y nuestro caso nacional me preocupan los retrocesos en materia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las iniciativas y puestas en marcha de personajes retrógradas e injustos que tienen poder político para limitar el derecho a las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos me enferma. El que se digan representar a los ciudadanos es una falsedad pues mientras no se respeten las decisiones de las mujeres (que son el 50% de la población) y se dispongan las condiciones adecuadas para que no tengan que verse expuestas a abortos clandestinos, hace totalmente responsables de las muertes de miles de mujeres a aquellos y aquellas (porque sí también hay mujeres que por difícil que parezca les falta empatía con sus pares femeninas) que impulsan medidas restrictivas a que las mujeres aborten.

 

Habría que estar atent@s a este tipo de iniciativas restrictivas por parte del PAN en el DF para evitar un grave retroceso como el ocurrido en España que pondría en riesgo el loable trabajo de agrupaciones como el Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA: Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento que desde 2009 apoyan económicamente a las mujeres de los estados en su traslado al Distrito Federal para interrumpir su embarazo.