MADRID. La fiscalía anticorrupción acusará al yerno del rey Juan Carlos de España, Iñaki Urdangarin, de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel l y 3.5 millones de euros de multa, en el marco de la trama de corrupción por la que está imputado desde hace dos años. Ese agobio se profundizará en los próximos días para una monarquía que pasa por sus horas más bajas.

 

La información es una primicia del diario español El Mundo. Según la información que maneja el rotativo, no habrá petición de pena para su esaposa, la infanta Cristina. Su posible imputación está pendiente, pese a que su defensa argumenta que ésta tendría lugar solo por “ser quien es” y “no por la existencia de indicios objetivos”.

 

Al ex socio de Urdangarin, Diego Torres, el fiscal le acusará de un delito menos que al yerno del rey: cinco infracciones penales que supondrían un máximo de 19 años de prisión. Para ambos, la multa será de 3.5 millones de euros.

 

Así lo especificará el fiscal en el escrito de acusación que previsiblemente entregará al juez José Castro después de Navidad, solicitando la apertura de juicio oral y una vez se sepa si se imputa o no a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.

 

Al yerno del rey le atribuirá los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documentos públicos y privados, fraude y dos contra la Hacienda Pública.

 

La gran novedad, destaca El Mundo, es que el fiscal Pedro Horrach, reclamara cuatro años más de castigo para Urdangarín que para su socio.

 

Se librará, por tanto, de la acusación por blanqueo de capitales ya que la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo. Esta postura, según matiza el diario, facilitaría que la hija del rey pueda librarse de este tipo penal al no atribuírselo a los dos imputados.

 

La infanta Cristina es copropietaria junto a su esposo de la empresa Aizoon, una sociedad que Urdangarin habría utilizado de pantalla para defraudar a Hacienda y desviar dinero público. Éste está imputado desde 2011 por haberse apropiado presuntamente de seis millones de euros junto a su entonces socio Diego Torres.

 

El juez Castro imputó a la infanta en abril de este año, considerándola cómplice de Urdangarin. Una imputación que recurrió entonces la fiscalía anticorrupción y que una instancia judicial superior anuló después argumentando no ver indicios de complicidad.

 

El acusador togado estima que en total, Urdagarin y Torres se apropiaron de 6.1 millones de euros de Baleares y Valencia. También hace responsables a políticos y funcionarios que “colaboraron en el saqueo”.

 

Estos últimos días han circulado versiones en el sentido de que Urdangarín pediría llegar un acuerdo con la fiscalía para no tener que ingresar en la cárcel. El fiscal general Eduardo Torres Dulce aclaró: “No hay abierta ni va a haber ninguna negociación para cerrar un pacto con el denominado caso Noos”.

 

AGENCIAS.