El proyecto de dictamen de reforma energética, que ya había sido aprobado en comisiones unidas, ayer sufrió modificaciones que fueron presentadas ante el Pleno del Senado y que tienen que ver con mayores opciones de contratación y con la ratificación de la salida del sindicato petrolero del Consejo de Administración.

 

Hasta el cierre de esta edición, apenas se habían agotado las posiciones de los partidos y se encontraba el debate en la parte de las participaciones en lo general, donde se habían inscrito 32 oradores, de los cuales habían pasado apenas 10 legisladores.

 

Después de este proceso se daría la votación en lo general y, después, con cerca de 180 reservas por discutirse, aprobarse en lo particular, por lo que se esperaba que los senadores continuarían la discusión de la reforma energética durante la madrugada, para que hoy fuera aprobada y enviada a la Cámara de Diputados.

 

Acusa PRD cambios

 

Ayer, cuando dio inicio la discusión en el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes, sometió a votación del Pleno el dictamen presentado, mismo que fue avalado por mayoría. Y tras cuatro horas de debate, la senadora perredista Dolores Padierna, y su bancada, se quejó de que el documento sufrió modificaciones sin el consenso de las comisiones dictaminadoras.

 

En el dictamen que se dio a conocer el sábado pasado, y que ya había sido aprobado en comisiones, se establecía que las modalidades de contratación “podrán ser de servicios de utilidad o producción compartida o de licencia, para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos”.

 

Sin embargo, en la nueva redacción se establece que esas modalidades de contratación “deberán ser, entre otras, de servicios, de utilidad compartida o de licencia”, lo que abre la posibilidad a otro tipo de contratación.

 

En otro punto, específicamente el artículo tercero transitorio, se establece un plazo de hasta dos años, a partir de que se publique la reforma constitucional, para que Pemex y CFE dejen de ser paraestatales y se conviertan en “empresas productivas del Estado”.

 

En el caso del sindicato de Pemex, y a propuesta del PAN, el Revolucionario Institucional (PRI) aceptó incluir en la propuesta un cambio a la integración del Consejo de Administración de Pemex, con el que el gremio quedaría fuera del órgano de gobierno de la empresa pública.

 

“La ley deberá establecer, entre otras disposiciones, que su Consejo de Administración se conforme de la siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno federal, incluyendo el secretario de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, así como cinco consejeros independientes”, dice textual el dictamen presentado en el pleno senatorial.

 

El Consejo de Administración de Pemex se compone, actualmente, de 15 integrantes: seis altos funcionarios del Gobierno federal -cuatro secretarios y dos subsecretarios-, cuatro consejeros profesionales y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

 

Con dicha modificación en el dictamen, esta agrupación sindical -dirigida por el senador priista Carlos Romero Deschamps- perderá poder en las decisiones de Pemex.

 

En cuanto al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, “será un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaría de Hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del fideicomiso referido”.

 

Dicho fondo “será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a los que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución”.