La centralización de los órganos electorales en el país sería un gran retroceso para la democracia en México, así lo consideró Leticia Soto Acosta, quien preside el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).
“Ir a Instituto Nacional de Elecciones (INE), sin duda alguna, es un retroceso de avance democrático de nuestro país, así lo hemos comentado con algunos legisladores federales previo al debate de la reforma política”, señaló en entrevista con 24 HORAS.
En la víspera de que los legisladores federales discutan y aprueben los contenidos de la reforma política, entre ellos, la designación de cinco consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), la titular del IEEZ explicó que sería un “grave error” que los partidos políticos sean quienes los elijan.
“Para garantizar la imparcialidad de los consejeros electorales, tanto locales, como los federales, debe emitirse una convocatoria abierta, con un examen de oposición y realización de diversas entrevistas”, dijo a este diario.
Sostuvo que “habría un proceso muy lento en materia democrática, ya que, el desarrollo se ha sostenido desde los estados hacía la federación, y no al revés; por ejemplo, las candidaturas independientes o el voto de migrantes”, opinó.
Expuso, por ejemplo, el caso del voto de las mujeres; ya que recordó que “éste inició en los estados y fue la federación, hace 60 años, que recogió estas inquietudes y las planteó”.
Sobre la posibilidad de confeccionar un Instituto Nacional Electoral (INE) –tal y como lo propone el PAN y el PRD– Soto Acosta resaltó que se debe garantizar el respeto a los organismo electorales en cada estado de la República.
“Nosotros hemos sido muy claros, se debe respetar la soberanía de los estados y, por lo tanto, la designación le debe corresponder a cada legislatura local”, argumentó.
Expresó que para lograr este fin, debe haber un proceso abierto a la sociedad que evite manchar el proceso de su respectiva legislación.
“Debe haber una convocatoria pública abierta en donde participen las organizaciones civiles, donde puedan llegar candidaturas con los méritos necesarios, con trabajos en materia electoral y, sobre todo, con independencia de los Partidos políticos”, argumentó.
Explicó que el régimen constitucional debe que incluir una homologación en el periodo de duración en el cargo de cada consejero, así como la prohibición de una posible intención de ratificación y, además, la permanencia en el cargo, con los estándares establecidos a nivel federal.