La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso del profesor Rosendo Radilla Pacheco será referente mundial, como uno de los asuntos que se han resuelto satisfactoriamente en materia de derechos humanos.

 

Por ello, la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) registró en el Programa de la Memoria del Mundo los expedientes judiciales 489/2010 y 912/2010, donde se hace referencia al acatamiento del poder judicial mexicano de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Radilla Pacheco en 1974, durante la denominada Guerra Sucia.

 

Los Archivo de la construcción y caída del Muro de Berlín, el Proceso penal 253/1963; el Estado contra N. Mandela y otros; el Diario de Ana Frank, las Colecciones Jean-Jacques Rousseau de Ginebra y Neuchâtel, la Colección Schubert de la Biblioteca Municipal de Viena, la Colección de lenguas indígenas de México, entre otros, han sido merecedores de esta distinción.

 

El Programa de la Memoria del Mundo consiste en un registro del patrimonio documental, en cualquiera de sus manifestaciones, que ha sido aprobado y reconocido por la UNESCO por cumplir los criterios de selección para ser considerado de importancia mundial, y referente para las próximas generaciones en materia de derechos humanos.

 

En su XIV reunión en Lima, Perú, el Comité del Programa, para América Latina y el Caribe (MOWLAC), distinguió a México y específicamente a este Alto Tribunal, con el registro de los expedientes vinculados con el caso Radilla.

 

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado Mexicano era responsable por graves violaciones a los derechos humanos de Rosendo Radilla, activista social, víctima de desaparición forzada desde 1974.

 

En cumplimiento de la resolución,  la SCJN abrió dos expedientes, el 489/2010; reconoció esa sentencia; y en el segundo, 912/2010, por el que se estableció los lineamientos para atender las medidas de reparación señaladas al Poder Judicial de la Federación.

 

Las determinaciones adoptadas por los Ministros de la Suprema Corte en septiembre de 2010 y en julio de 2011, fue el principio de una política de vanguardia que busca fortalecer el régimen de protección de los derechos humanos en México.

 

La distinción pone a México como referente en América Latina en el tema del reconocimiento de la dignidad de las personas.