Con 75 votos a favor y 50 en contra, el Senado aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que incluye medidas de austeridad en la administración pública en materia de compra de vehículos y salarios para funcionarios..
La minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de esta ley busca elevar a política de Estado el manejo de las finanzas públicas, para dar certeza y rumbo al destino del gasto.
Con ello, se permite responder a los retos económicos que enfrenta el país al mismo tiempo que finca las bases para el retorno al equilibrio presupuestal en este sexenio.
Los votos a favor fueron de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como 50 en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y un grupo de perredistas.
Dicho dictamen establece mecanismos de transparencia y austeridad para revisar las erogaciones del gobierno y llamar a los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos a seguir esos mismos criterios.
Senadores del PAN, PRD y PRI cruzaron acusaciones sobre las crisis económicas y el endeudamiento en la historia reciente del país. Para la discusión en lo particular se reservaron siete artículos y cinco transitorios.
Se incluyó que durante 2015 y 2016 el gasto corriente del gobierno federal no podrá crecer más de 2.5 por ciento a tasa anual. A partir de 2017 se buscará que ese nivel sea menor y se fije con otras reglas.
Asimismo se destaca que de 2014 a 2016, el principal destino de los ingresos excedentes sea la reducción del déficit público.
El Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Federal, a fin de reorientarlos al logro de objetivos y evitar la duplicidad de funciones.
En materia de gastos de vehículos sólo podrán adquirirse las unidades nuevas que resulten indispensables para destinarse en forma exclusiva al uso oficial, aquellos que presten directamente servicios públicos a la población, los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas.
En bienes y servicios se deberá racionalizar el gasto de los servicios de telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos y pasajes a lo estrictamente indispensable.
Los poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados, deberán aplicar dichas medidas de austeridad.
Se incluyó que las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa justificación costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables.
“Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República”, señala el dictamen.
Tampoco se autorizarán en 2014 bonos o percepciones extraordinarias salvo autorización previa de la secretaría o en el caso de los poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos en los términos de las disposiciones que les resulten.
El dictamen señala que el gobierno federal puede fijarse metas de ahorro de disminución de gasto como lo que se propone: cinco por ciento en la partida de sueldos correspondiente a personal de mandos medios y superiores y de cinco por ciento del gasto de operación corriente estructural para 2014, entre otros.
De igual forma, se incluyó un Artículo 7 transitorio, a fin de que el Congreso de la Unión legisle en torno a las adecuaciones constitucionales y reglamentarias de un sistema de fiscalización y un nuevo marco de combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno.
En tribuna, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, expresó que “se aceptaron las modificaciones con el objetivo de abatir el volumen de las estructuras de gobierno y su gasto público. Se establecerán medidas de austeridad presupuestaria y la obligación de una administración más eficaz y eficiente de los recursos”.
Al fundamentar el voto en contra, el panista Héctor Larios Córdova criticó la pretensión del Ejecutivo federal de aumentar el techo del déficit, sobreendeudamiento que podría desatar una crisis económica.
En contraparte, el priista Manuel Cavazos Lerma defendió el endeudamiento solicitado por el presidente Ejecutivo federal y dijo que el PRI apoya el dictamen porque es un cambio radical, pero para bien.