Tras concluir las revisiones de permisos de construcción, exposiciones de impacto ambiental, permisos de descargas en áreas federales y otros documentos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que hay responsabilidades en los tres órdenes de gobierno, además de organismos nacionales de vivienda, por otorgar licencias de construcción en zonas de riesgo en territorio nacional.

 

Un informe preliminar de la Sedatu –elaborado a encargo de la Presidencia de la República ante los daños que dejaron los fenómenos naturales Ingrid y Manuel– indica que hay responsables en instancias federales, estatales y municipales, además de que el problema es un reflejo de lo que ha ocurrido a lo largo de mucho tiempo en varias zonas del país.

 

“Tenemos organismos nacionales de vivienda que otorgaron financiamiento para construcción y tenemos todo tipo de autoridades o bien otorgaron licencias o bien no las exigieron”, declaró el titular de la Sedatu, Carlos Ramírez Marín.

 

“Es imposible que no tengamos responsabilidades, hay responsabilidades federales, estatales, municipales, hay muchas cosas, es un problema de una magnitud que apenas refleja  lo que ha ocurrido a lo largo de mucho tiempo y no puede etiquetarse esto dentro de cajones por partido o por color, esto es algo que dejamos de hacer”, sostuvo el funcionario a la prensa.

 

El informe preliminar detalla que en los estados afectados hay 3 mil 700 casas que tendrán que reubicarse por estar asentadas en zonas de riesgo, pero también hay casi 7 mil viviendas que serán reconstruidas a modo de indemnización.

 

El gobierno solventará los gastos a través de dos fuentes: la vivienda regular será responsabilidad del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y toda la vivienda irregular, a través del Fondo Nacional de Población (Fonapo). Los cálculos –según la Sedatu- es que todo se solventará con presupuesto de este año.

 

Hoy es la fecha límite para que la dependencia entregue el reporte al Presidente, Enrique Peña Nieto. Los datos preliminares detallan que las responsabilidades para funcionarios deben ser revisadas de acuerdo a la ley; es decir, habrá quienes todavía estén dentro del alcance de la ley y habrá seguramente algunos casos que haya prescrito, si se determinará que hubo algún delito.

 

El documento incluye la revisión de todos los daños ocasionados por las severas lluvias, inundaciones, deslaves, a consecuencia de Ingrid y Manuel. Así, con los datos recabados, el Fonden definirá los montos económicos que son necesarios para la reconstrucción de las regiones afectas.

 

“La evidencia documental se completa con la que se toma en el territorio, las fotografías, imágenes de satélite, imágenes históricas, los permisos, pero no se trata de un tema de enojos o de contentos, sino de analizar estrictamente los datos reunidos”, sostuvo el titular de Sedatu.

 

Asimismo, hoy también se prevé que revelen los nombres de los funcionarios relacionados con la entrega de licencias de construcción en zonas de riesgo. Sin embargo, el informe no solamente busca responsables sino evitar futuros acontecimientos a causa de los fenómenos naturales.

 

Ramírez Marín reiteró que la dependencia a su cargo afina un convenio que obligará  a las autoridades municipales a consultar una herramienta clave -que es el registro único de vivienda- de tal manera que antes de entregar cualquier tipo de permiso, los alcaldes verifiquen que el permiso sea legal.

 

DATO

 

Mientras que al gobierno le va a costar muchos miles de millones de pesos la reconstrucción del país, a las aseguradoras privadas solo les va a costar mil 700 millones de pesos indemnizar a los afectados.