A más de un año y cuatro meses de haberse detenido el caso del incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la investigación será reabierta para fincar o deslindar responsabilidades por la muerte de 49 niños al ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el panista Juan Molinar Horcasitas, y al ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours.
El Juzgado Primero de Distrito con sede en Hermosillo, determinó conceder un amparo a los padres de los 49 niños que murieron durante el incendio en la guardería y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que reabrir el caso.
En su cuenta de twitter, Juan Molinar Horcasitas escribió al respecto:
Caso ABC continúa. Juez ordena a PGR volver a revisar toda la evidencia. Como lo he hecho siempre, aportaré toda la información que requiera
— Juan Molinar (@JFMolinar) August 28, 2013
Tras conocer la decisión del juez Molinar Horcasitas descartó que esta resolución se deba al cambio de gobierno federal y comentó que obedece a “un proceso judicial normal, son procesos largos y se encuentra muy cerca de la fase final. No es un acto que corresponda al gobierno sino que corresponde al Poder Judicial.
“No tengo preocupación”, agregó luego de su participación en un foro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre la reforma energética.
Además detalló que no ha sido notificado de la determinación del Juzgado Primero; “solamente se me dijo que hay un amparo concedido y me parece que la Procuraduría deberá revisar”, explicó.
El 18 de mayo de 2012 el Ministerio Público de la Federación resolvió que no existían evidencias en contra de los mencionados servidores públicos, por lo que decretó el no ejercicio de acción penal, ante lo que los familiares decidieron interponer un amparo en el Juzgado Primero de Distrito.
La resolución del juez Raúl Martínez implica la revocación el no ejercicio de la acción penal que emitió el año pasado la PGR a favor del ex gobernador Eduardo Bours y de Molinar Horcasitas.
Por lo anterior el Ministerio Público de la Federación debe analizar otra vez los alegatos presentados por las víctimas y revalorar las pruebas presentadas para concluir si los ex funcionarios son responsables o no de algún delito.