Aun cuando de manera oficial se afirma que 94% del territorio de propiedad social en el país está regularizado, prevalecen más de siete mil juicios agrarios debido, en gran parte, a las malas prácticas del gobierno al expropiar terrenos para la realización de obras, señalan especialistas e incluso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu).

 

Un ejemplo es la demanda de 29 ejidos en los estados de Nayarit, Sinaloa y Durango, por usufructo contra una empresa propiedad de Carlos Slim por la operación de la autopista Tepic-Mazatlán desde 2005, concesionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sin que se haya pagado la indemnización correspondiente a las familias afectadas.

 

Según reveló en días anteriores el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, en el país existen más de mil 200 conflictos por tierras y siete mil juicios agrarios, “muchos de ellos debido a las malas prácticas del gobierno en la expropiación de terrenos para la realización de obras, lo que influyó en crear o agravar estos problemas”.

 

“El problema histórico en la adquisición de tierras agrarias no son las expropiaciones en sí, sino el precio que se les fija, ya que tradicionalmente ha sido con base en un criterio de pagar acaso dos pesos por metro cuadrado, cuando el costo en el mercado podría estar hasta en mil pesos”, dijo a 24 HORAS Horacio Santoyo Cortés, académico de la Universidad Autónoma Chapingo.

 

El especialista comentó que cuando el gobierno hace una expropiación con fines de utilidad pública tiene que pagar por los terrenos invariablemente, entonces es cuando surge la discusión sobre el precio de las tierras, que normalmente se fijaba con respecto a lo que el gobierno quería pagar, ahora eso ha cambiado y los ejidatarios buscan que sus tierras, cuando les sean compradas, se valúen a precios de mercado.

 

“Cuando se invalidó el proyecto del aeropuerto de Texcoco (en el sexenio de Vicente Fox), el gran problema no fue la defensa de las tierras sino el precio que se quería pagar a los ejidatarios, mientras que en el caso de la refinería de Pemex, en el municipio de Tula, Hidalgo, los precios que se les pagó a los ejidatarios por sus tierras fueron muy buenos, porque fueron con criterios de mercado, lo que llevó al gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong (entonces gobernador de Hidalgo) a llegar a un acuerdo”, agregó.

 

Recientemente, el titular de la Sedatu denunció que unos mil 673 ejidos han pagado con sus tierras el crecimiento de las zonas urbanas, “debido a los abusos en la compra de terrenos ejidales y comunales para el desarrollo de minería, industria y vivienda”.

 

En México, la propiedad social comprende 100.3 millones de hectáreas, lo que corresponde a 51% de la superficie total del país y equivale a todo el territorio de Venezuela y dos veces el tamaño de España, por ejemplo. Esta porción territorial está dividida en más de 29 mil 400 ejidos y dos mil 300 comunidades.

 

Tras la publicación de la Ley Agraria, en 1992, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) para delimitar y regular las tierras que fueron repartidas entre ejidatarios y comuneros, principalmente, a través de la expedición y entrega de certificados y títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares urbanos.

 

Sin embargo, Santoyo Cortés aseguró que la falta de una medición seria en el reparto de tierras (ésta se daba con declaraciones de los presidentes en turno y no a través de técnicas de cotejo exactas) ha influido en el surgimiento de diversos conflictos ejidales.

 

“Entre la década de 1970 y principios de los 90, el reparto de tierras se daba por un carácter político más que productivo, además de que el procedimiento siempre fue más declarativo que realmente medido en un catastro. Esto ha provocado que se registren disputas por parcelas incluso al interior de los núcleos agrarios, entre los mismos ejidatarios y comuneros, debido a que no existe una delimitación exacta de los terrenos”, dijo.

 

Ante la demanda de diversas organizaciones agrarias de que el Pacto por México incluya la regularización y la tenencia de la tierra para ejidatarios y comunidades indígenas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó la semana pasada la creación de un documento único, conformado con la participación de todas las asociaciones agrarias del país, para presentarlo a la mesa del Pacto por México.

 

EN CIFRAS

100.3 millones de hectáreas en el país son de propiedad social, equivalente a 51% de la superficie del país

31 mil 785 núcleos agrarios conforman esta superficie

5 millones 222 mil sujetos agrarios viven en estos núcleos, es decir los titulares de derechos agrarios reconocidos sobre la tierra y sus familias

1 mil 200 conflictos por tierras y

7 mil juicios agrarios vigentes en el país

Estados con más núcleos agrarios: Veracruz (3 mil 714); Chiapas (3 mil 112); Michoacán (mil 873); Oaxaca (mil 563) y Guanajuato (mil 559)

Las entidades con menos núcleos agrarios son Morelos (230), Aguascalientes (187), Colima (166), Baja California Sur (99) y el DF (49)