Casi 20% de las casi dos mil denuncias que recibe cada año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nivel continental proviene de México, dijo el secretario ejecutivo de este este organismo, Emilio Álvarez Icaza.

 

Lo anterior, agregó, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales en la materia cuentan con un presupuesto conjunto aproximado de cien millones de dólares anuales.

 

Las denuncias generadas en México corresponden a tres rubros, principalmente: problemas con los servidores públicos estatales; prácticas de abuso de autoridad, y problemas severos de no impartición de justicia, dijo el representante de la CIDH en la conferencia “Estado actual de la figura del ombudsmanen México: condiciones y perspectivas”, que formó parte del Seminario “Reflexiones en torno alombudsman“, organizado por el Departamento de Derecho y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

 

En el encuentro inaugurado como parte de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la Ibero, Álvarez Icaza señaló que, a siete meses del inicio del actual gobierno, se observan mensajes de voluntad tanto de la Secretaría de Gobernación como de la cancillería, instancias que se han mostrado muy abiertas al escrutinio internacional, lo que es un signo “muy alentador”. Aun así, estos signos de voluntad tienen que acompañarse de hechos concretos, subrayó.

 

Consideró que la impunidad permanece como uno de los grandes desafíos de México, rezagado en la materia, y precisó que el mecanismo nacional de defensores a periodistas y defensores de derechos humanos es muy débil, por lo que debe robustecerse, recibir más recursos, avanzar en materia normativa y de prácticas, así como acelerar sus procesos para el cumplimiento de recomendaciones y sentencias.

 

Las instituciones de la democracia, añadió, deben actuar con transparencia en cuanto a su rendición de cuentas y la elección de sus titulares. Estas instituciones deben usar sus atribuciones para intervenir, y no para justificar su no intervención, señaló.

 

Con respecto a los casos recientes de grupos de autodefensa, lo calificó como un tema “alarmante”, aun cuando se trate de expresiones auténticas o de grupos armados que sirvan a agendas ocultas.

 

La crítica más importante al respecto es a nivel municipal, estatal y federal, dijo Álvarez Icaza, quien consideró que detener a las personas armadas que pertenecen a un grupo de autodefensa no es la mejor solución. Es “una señal de anomia”, un signo de que el Estado está fallando en una de sus tareas esenciales, que es garantizar la protección, apuntó.

 

EL DATO

100 mdd anuales reciben de presupuesto las comisiones Nacional de Derechos Humanos y las estatales