La Cámara de Diputados sacó de la congeladora la iniciativa de reforma al artículo 28 Constitucional, propuesta por primera vez en 2006, con la cual las aguas nacionales serían consideradas como un “área prioritaria para el desarrollo nacional” sujeta a concesión por parte del Estado.

 

El proyecto de decreto en revisión en la Cámara de Diputados -que incorpora la propuesta del desaparecido senador panista Francisco Fernández de Ceballos- precisa que la comunicación vía satélite, los ferrocarriles, así como la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales son áreas prioritarias; “el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio…”

 

En su  argumentación, la iniciativa señala que en los próximos 50 años “se tendrán que generar las condiciones para que se desarrollen alrededor de 30 millones más de habitantes”, además del hecho de que la disponibilidad de agua disminuyó 58% en los últimos 50 años.

 

En una carta enviada a la junta directiva de la comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, integrantes de la coalición Agua para Todos -que en febrero presentaron una iniciativa ciudadana de ley hídrica- pidieron “dictaminar en sentido negativo y rechazar a su vez la minuta de la iniciativa presentada en 2006 (…) que dejaría la gestión del agua en manos privadas y en función de las fuerzas del mercado, en contradicción con el derecho humano al recurso”.

 

Arcelia Flores, asesora de la comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, consideró que la aprobación de esta reforma sería un tema “difícil” por varias razones, una de ellas es que luego de tres legislaturas desde que se presentó las condiciones legislativas han cambiado.

 

“Costó mucho que se reformara el artículo 4° constitucional, respecto al derecho humano al agua, y justo estamos en un proceso de hacer una reforma integral al marco jurídico, es decir a la Ley de Aguas Nacionales, por lo que una reforma constitucional en la materia sería complicada a estas alturas”.

 

Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace México, agregó que la reforma de 2012 al artículo 4° constitucional exige la aprobación de una Ley General de Aguas que establecerá la participación de la Federación, entidades federativas, municipios y ciudadanía para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso hídrico.

 

Dicha legislación no fue presentada en los 360 días que estipula la ley, pidiendo una prórroga para 2014, por lo que la coalición Agua para Todos, integrada por especialistas en materia hídrica, presentó una propuesta de Ley General de Aguas el pasado 7 de febrero, ante la omisión del Legislativo para cumplir con lo establecido en la reforma de 2012.

 

Fuentes de la comisión de Puntos Constitucionales dijeron a 24 HORAS que el proyecto de minuta se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, aunque el secretario técnico de dicha comisión, Miguel Aguilar, dijo a 24 HORAS que aunque “se trata de un dictamen a consideración, ya que la instrucción de la presidencia (del Congreso) es que se elaboren dictámenes de todas las minutas que se han presentado, no es un tema prioritario para la presente Legislatura”.