A fin de prevenir las adicciones y disminuir el consumo de sustancias nocivas, en especial entre niños y jóvenes, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Salud (SSA) anunciaron que trabajarán de manera coordinada.

 

En un comunicado, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Roberto Campa, precisó que esta acción forma parte de la Segunda Estrategia Nacional del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

 

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y tras reunirse con la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, recordó que el Programa Nacional para la Prevención Social prevé cuatro estrategias.

 

La primera de ellas es la prevención de adicciones, por lo que las autoridades se enfocarán principalmente en evitar que inicie el consumo de drogas legales como tabaco y alcohol e ilegales en la siguiente generación de niños y adolescentes.

 

Para ello, el segundo punto será ofrecer la mayor cantidad de información seria, responsable, científicamente comprobable y fácilmente accesible a fin de que los jóvenes conozcan más sobre los daños que causan las drogas y eviten su consumo.

 

Campa Cifrián explicó que el tercer punto de la estrategia pretende fortalecer las capacidades de la Federación y de las entidades federativas para atender a personas con adicciones y finalmente, se privilegiarán las soluciones de tratamiento sobre reclusión y se impulsará el modelo de Tribunales para el Tratamiento de Adicciones.

 

A su vez, el comisionado Nacional Contra las Adicciones, Fernando Cano Valle, presentó 10 acciones para prevenir el uso del consumo de sustancias nocivas para la salud.

 

Entre ellas, la generación y el análisis de información que respalde las políticas públicas en materia de adicciones, incluyendo levantamientos de nuevas encuestas nacionales.

 

Cano Valle indicó que se pretende crear y fortalecer los medios para la difusión de información y sensibilización en materia de adicciones y el reforzamiento de las acciones de prevención en la población vulnerable, con énfasis en niños, niñas y adolescentes.

 

Además, impulsar la investigación y la formación de recursos humanos que atiendan el problema de las adicciones y ampliar la cobertura de los servicios integrales de tratamiento y reinserción social y profesionalización y certificación de centros de tratamiento que atienden adicciones en modalidad residencial.

 

El comisionado resaltó que otra de las acciones para prevenir el uso de sustancias nocivas a la salud es actualizar el marco normativo para la reducción de la demanda de drogas legales e ilegales, así como el impulso a la aplicación de los modelos de justicia alternativa para personas con adicciones en conflicto con la ley.

 

También se prevé impulsar el desarrollo de modelos de tratamiento de adicciones al interior de los centros penitenciarios y fortalecer la cooperación internacional en materia de prevención y tratamiento de adicciones.

 

En su oportunidad, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, reconoció el interés y la labor de la actual administración para aumentar el modelo de tribunales de tratamiento contra las drogas en México.

 

“Es un concepto valioso que ha ayudado a cientos de miles de adictos estadunidenses y a sus familias”, refirió el diplomático, y explicó que dichos tribunales permiten que las personas con problemas de adicciones acusadas de delitos menores participen en programas supervisados por la Corte en lugar de ir a prisión.

 

A su vez, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, recordó que el uso ilícito de drogas “amenaza la estabilidad socioeconómica y política” y reconoció que “el problema de las drogas ahora es reconocido como un problema de salud”.

 

Al acto asistieron también el director del Conejo Nacional contra las Adicciones, Fernando Cano Valle, además de la presidenta de los Centros de Integración Juvenil, Kena Moreno.

 

Asimismo, el representante regional de la Oficina de Políticas de Control de Drogas de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Luigi Mazzitelli, y la directora del Instituto Mexicano de Psiquiatría, María Elena Medina Mora.