El Museo de la Memoria y Tolerancia inauguró una exposición sobre la violencia contra periodistas en México. Se presentan cifras y casos concretos. Los resultados son aterradores. Periodistas y activistas se pronuncian para juzgar y criticar a los gobiernos federal y estatales. Evidencian la impunidad, y el desprecio gubernamental por la causa. Al salir, en el espectador, se afianza la frustración por no encontrar alternativas de solución. El recuento de daños no plantea remedios.

México está en una encrucijada. Necesitamos que la gente denuncie las violaciones (tanto contra periodistas como contra civiles) porque las autoridades no lo hacen. La Comisión de Derechos Humanos (CNDH) ha mostrado mayor compromiso con el poder que con el ciudadano. Durante seis años, sus denuncias fueron mínimas. Ante la nueva administración, plantean lo que, por miedo o conveniencia, callaron antes.

 

Por ejemplo, hasta ahora denuncian la corrupción del Instituto Nacional de Migración o las deficiencias de los penales en asociación público – privado. Ahora reconocen abusos, desapariciones forzosas y hasta violaciones al debido proceso. Queda la impresión de que, en cuanto logren un acomodo razonable, su trabajo volverá a ser complaciente y limitado.

 

Si esto pasa en la comisión nacional, ni qué decir de las comisiones estatales donde los presidentes son capaces hasta de obstruir el trabajo de sus propios visitadores, como en el caso de Chihuahua donde hay una confrontación abierta contra el visitador de Juárez.

 

Acostumbradas al desprecio, las organizaciones civiles (OSC´s) se volvieron críticas e beligerantes. Denuncian y, en su mayoría, conciben la colaboración con el gobierno como una traición a su causa. Su enojo se fundamenta en el ancestral desprecio del PRI al sector, y en el abuso padecido el sexenio pasado.

 

El nuevo gobierno se enfrenta a OSC´s que no le dan ni el beneficio de la duda. Estas, en su mayoría, critican y acusan sin escuchar a la contraparte, pero ni proponen ni colaboran. Asumen la falta de compromiso gubernamental con su causa. Sólo pocas modificaron su postura como México Unido Contra la Delincuencia que complementó su seguimiento de la guerra con propuestas concretas para reducir la violencia; o “por nuestros desaparecidos Coahuila” que apunta claramente medidas necesarias para atender las deficiencias judiciales y patrimoniales de los familiares de las víctimas. Así transformaron el esfuerzo estatal y redefinieron la agenda.

 

El cambio de administración abre una ventana de oportunidad para restablecer el diálogo y trabajar coordinadamente. Sin embargo, la falta de propuestas y de cooperación de las OSC´s debilita la posición de funcionarios comprometidos con el sector. La imposibilidad de construir un camino conjunto promueve el endurecimiento gubernamental, y fortalece las posturas autoritarias que menosprecian la visión de la sociedad en perjuicio de todos.

 

La desconfianza abre la brecha entre sociedad y gobierno. El dilema no es trivial. Las sociedad tiene razones para ser escéptica pero, esperar que el gobierno resuelva sólo la crisis humanitaria es un error.

 

Hay que aprovechar la coyuntura política para redefinir los términos de la lucha y dar el siguiente paso. Hay que asumir la responsabilidad de proponer y colaborar para obligar a las autoridades a trabajar de la mano de la sociedad. Complementar las denuncias con propuestas concretas permitirá encontrar soluciones a los problemas como nosotros los vemos, no como a ellos les conviene.