Obama llega a México con un discurso renovado. Hablará de desarrollo, migración y libre comercio y, con suerte, hasta de derechos humanos. Pero sabe que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata.

Estados Unidos fue copartícipe de la masacre vivida en los últimos años. La administración de Obama colaboró y alentó las ínfulas militares de Calderón. El ex presidente mexicano es un loco de miras cortas, pero EU lo armó, lo aconsejó y lo apoyó. En ese sentido, EU tiene, al menos, parte de responsabilidad sobre lo aquí ocurrido. Será tal vez por eso que quieren omitir el escabroso tema de derechos humanos que ensucia tanto a autoridades mexicanas como estadunidenses.

 

EU no podía definir la agenda nacional. De hecho, cuando proponía cosas sensatas como desarrollar las instituciones locales, Calderón enfurecía. En el extremo se deshizo del embajador Carlos Pascual. Calderón jugaba a los soldaditos, no al desarrollo nacional. Bajo su mandato, las dependencias no vinculadas a la guerra quedaron a la deriva. No se modernizaron ni se desarrollaron políticas públicas modernas y eficaces. No se creó nada más que una policía federal y un par de puentes.

 

Estados Unidos, como asesor, se abocó a sugerir ubicaciones para los ataques y a aportar tecnología. Avaló los excesos. Omitió las violaciones de derechos humanos, y fomentó prácticas nocivas como el abuso de testigos protegidos. Saben que son corresponsables, por lo que su autoridad moral en el tema es limitada. Tal vez por eso, aunque sus agencias de seguridad pataleen y filtren notas al Washington Post sobre los riesgos de la “nueva” estrategia (si es que existe), aceptan las nuevas reglas de cooperación.

 

Su preocupación es normal. Reducir su intervención implica limitar su acceso a información en un momento complicado. El problema no es que el gobierno pacte con los cárteles. EU sabe que eso ya no tiene la efectividad de antes por el nivel de desconcentración. El problema es que la situación social es delicada y se potencia con el acceso de armas y efectivo del crimen organizado.

 

El poder está descentralizado entre una serie de gobernadores y alcaldes, autónomos, con recursos, con pocos mecanismos de rendición de cuentas y a los que no se puede correr. La sociedad ya sabe hacer ruido, pero en algunos lugares levanta la voz, y en otros, como Guerrero, a falta de mecanismos civiles, levantan las armas. El país está dividido entre el mundo formal y el resto que, en ocasiones, se autogobierna.

 

Allende los 70 mil  muertos, los seis años de ausencia de políticas sociales serias cobran su factura. Con pacto o sin él, somos un país de jóvenes a los que no se atiende, de mujeres a las que se mata o se trata sin consecuencias, de ciudades desordenadas, con deficientes servicios públicos e instituciones débiles. La economía informal es predominante y el sistema de aplicación de justicia para el ciudadano de la calle es prácticamente inexistente. La impunidad mantiene niveles de 98%. La sociedad tiene creatividad y capacidad de supervivencia pero el entorno institucional es tan adverso que a muchos les gana la frustración.

 

Obama conoce el escenario y ha cambiado su discurso. Se espera que hable de prevención y desarrollo como mejores armas contra la violencia. Pero sus palabras tardarán en transformarse en políticas, y su gabinete tiene mucho que ocultar. Por lo que, en lo que ellos se reorganizan, nosotros debemos empujar al gobierno para que actúe antes de que la frustración y el resentimiento empeoren el clima social.