Los 29 ejidatarios de Cerro Gordo y su abogado defensor Alfonso Herrera denuncian que funcionarios del Tribunal Unitario Agrario (TUA), en Zacatecas, retrasan ilegalmente el derecho de acción a la justicia al no permitirles realizar el último trámite para la recuperación de las 600 hectáreas que, de acuerdo con el fallo del Tribunal Superior, debe devolverles la minera Peñasquito, filial de la trasnacional canadiense Goldcorp, quien mantiene el terreno y lo explota de forma ilegal.
Los campesinos, encabezados por Manuel Ordóñez y Daniel Mendoza, se presentaron ante el Tribunal para devolver el monto de 2 millones 966 mil 832 pesos, fijado por el TUA como requerimiento final para recuperar sus tierras. Sin embargo, no se los aceptaron por llevarlos en efectivo. Este dinero les fue entregado como adelanto del pago de renta por 30 años
“Lo están haciendo dilatorio. Esto nos hace anticipar y presumir cierta colusión de los integrantes del Tribunal con la minera Goldcorp. Hay una táctica fuera del esquema legal por parte de la magistratura”, agregó Herrera en entrevista con 24 HORAS, quien aseguró que no se quedarán con los brazos cruzados antes este atropello.
El abogado adelantó que podrían interponer una queja ante el Tribunal Superior Agrario (TSA), con sede en la Ciudad de México, contra el magistrado presidente Juan Rodolfo Lara Orozco, así como contra Sol Ferreira, secretaria de Acuerdos, ambos del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, bajo el argumento de impedimento de acceso a la justicia en perjuicio de los ejidatarios del municipio de Mazapil.
“Por un lado nos presionan y condicionan que se debe devolver el dinero a la parte demandada, y cuando vamos y lo pagamos, entonces les dicen no lo quiero en efectivo”, lo cual es una contradicción ya que la autoridad dio un plazo de cinco días para regresar el dinero.
Fue precisamente Ferreira quien atendió a los campesinos la tarde del jueves y rechazó recibir el monto, ya que en esos momentos no se encontraba en el juzgado el magistrado Lara.
El argumento que les dio fue que la caja de seguridad con que cuentan en el Tribunal “no es muy segura”. Y les indicó que para el pago de la reposición con motivo de la rescisión del contrato de ocupación temporal por tres décadas deben llevar un cheque de caja.
“¿Entonces es más seguro que los campesinos anden por las carreteras del estado, donde la delincuencia está a todo lo que da, cargando el dinero?”, cuestionó el defensor zacatecano.
“Como dice como el corrido de Gabino Barreda, no entienden razones” o hay motivos para que no las quieran entender”, señala.
La negociación
El fallo, establece que deben devolver el monto total entregado por minera Peñasquito, quien les pagó 50 centavos por metro cuadrado como renta anual del predio por el que la canadiense ha obtenido mensualmente millones de dólares en oro y plata, en los últimos siete años.
El defensor Herrera enfatiza que sus defendidos siempre han estado y están en voluntad de negociar, de pagar y quieren continuar en dicha sintonía, por ello llaman a que se atienda su reclamo. “La ley prevé sanciones para servidores que son omisos, negligentes o abusan del poder”.
Hacer el pago vía depósito bancario representa un gasto extra de 100 mil pesos por cobro de la comisión para la expedición del cheque, que es de poco más del 3% del monto, refirió el abogado lo cual no está establecido en la ley que tenga que ser de esta forma.
“Y lo más triste es que ya no hay dinero”, agregó. Ya tanta es la desesperación de las familias que de tenerlo quizás ya habríamos pagado el billete, asegura.
Cuando los ejidatarios, tras un proceso de cuatro años, están a punto de recuperar sus predios, hoy ven un doble juego de parte de la autoridad, “un juego perverso”.
“El que el Tribunal Unitario se niegue a recibir el pago es un acto de corrupción que habla de los intereses de sus integrantes con la minera”, precisó Herrera.
A ello se suma el que la minera también realiza tácticas dilatorias, luego de que pidió poder llevar un perito pero hasta ahora no lo ha presentado. “Nosotros solo seguimos los lineamientos legales”.
En el momento que los ejidatarios entreguen la cantidad que recibieron en el convenio de ocupación temporal, inmediatamente se procederá a la restitución de las tierras motivo del litigio, debiendo de apercibir a la parte demandada, empresa minera que se abstenga de perturbar la propiedad ejidal, precisa el punto sexto de la sentencia del Tribunal Superior Agrario expediente 412/2009.
Dato
600
hectáreas están en disputa. La minera Peñasquito, filial de Goldcorp, incumplió una sentencia del Tribunal Superior Agrario, que obligaba a restituir las tierras a las familias del ejido de Cerro Gordo.
Llama gobernador a conciliar intereses
El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, se manifestó en días pasados a favor de que los ejidatarios de Cerro Gordo y la minera Goldcorp lleguen a un acuerdo por mantener los empleos que genera Peñasquito.
Ante la escasez de agua, muchas personas dependen del trabajo que proporcionan las minas para sostener a sus familias, sostuvo.
Ofreció la mediación de su administración para que la inversión minera se mantenga en Zacatecas y Goldcorp llegue a un “buen acuerdo” con los ejidatarios.
Alonso Reyes, en su calidad de coordinador de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), urgió al Poder Legislativo a impulsar una iniciativa que obligue a los empresas a dar mayor reciprocidad a las comunidades y estados donde tienen plantas de beneficio.
“Lo que necesitamos es que haya empleos en Zacatecas y evidentemente beneficios para las comunidades, que no haya ni una explotación que no deje nada, pero tampoco minas cerradas”, manifestó.
El predio de casi 600 hectáreas que deben ser devueltas a los ejidatarios es parte del tajo a cielo abierto de la mina de oro y plata más grande del país.