La consulta ciudadana organizada por el Comité de Análisis de la Solicitud de Licencia de Construcción del Proyecto Dragon Mart, que se realizó en línea para aportar opiniones respecto del proyecto asiático arrojó un “no”, al obtener 350 votos en contra y 296 en favor.

 

Luego de 673 opiniones recibidas en la página habilitada para este fin por el ayuntamiento de  Benito Juárez, se informó la negativa ciudadana por la construcción del complejo comercial, sin embargo estos resultados no serán vinculantes a la autorización o no, de la licencia de construcción.

 

Por su parte Francisco Funtanet Mange, dirigente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció en contra del proyecto Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo, por considerar que abrirá la puerta a prácticas de comercio desleal en afectación de la industria nacional.

 

“El sentir de los industriales es que este tipo de proyectos no deben de darse en territorio nacional”, dijo.

 

Agregó que los gobiernos de los estados junto con la industria nacional, están haciendo un esfuerzo importante, parar lograr generar empleos, nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, y la llegada de Dragon Mart afectará a la industria.

 

“Es cosa de sacar cuentas, a la hora que llegan cinco mil familias chinas, el empleo directo, se está desplazando en lugar de generarlo a los habitantes de Quintana Roo, y este tipo de productos daña a la industria nacional y redundan en una pérdida de empleos”, explicó.

 

Mientras los empresarios del país anunciaron su unión contra del proyecto Dragon Mart Cancún y pidieron la intervención del gobierno federal, el director general del proyecto, Juan Carlos López, adelantó que de negársele el permiso de construcción recurrirá a la vía legal.
En un debate de los representantes del empresariado nacional y Dragon Mart, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal, destacó que de autorizarse el proyecto acabaría con la política industrial del país.