El Gobierno del Distrito Federal incumplió la instalación de escaleras mecánicas y elevadores para personas minusválidas en la Línea 12 del Metro, lo que puede ocasionar un daño al erario de 58 millones 893 mil pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó estas anomalías en la construcción de la obra más grande de infraestructura pública del gobierno de Marcelo Ebrard.
En la revisión de los 2 mil 500 millones de pesos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes canalizó al gobierno de la Ciudad de México en 2011, los auditores encontraron en principio un daño al erario por 32 millones 157 mil pesos.
El daño, que puede ser reparado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, lo ocasionó la falta de construcción de mil 558 metros cuadrados en la pasarela de la estación Ermita.
La ASF observó que en dicha estación las áreas del proyecto ejecutivo no corresponden con las ejecutadas por el consorcio ICA-ALSTOM-Carso por un monto total de 112 millones 910 mil pesos.
Estos errores impiden a los peatones cruzar al puente peatonal de la calle Popocatepetl en su cruce con avenida Tlalpan, por donde corre la Línea 2 del Metro.
La auditoría determinó también el pago indebido de 26 millones 736 mil pesos por escaleras eléctricas y elevadores que no fueron instalados en las 20 estaciones de la Línea Dorada, que va de la delegación Tláhuac a Mixcoac en Benito Juárez.
El proyecto ejecutivo y del Sistema de Instalaciones Mecánicas de la Línea 12 describía la instalación de 145 escaleras eléctricas en todas las estaciones, las cuales tuvieron un costo de 87 millones 092 mil pesos.
La administración de Marcelo Ebrard, sin embargo, incumplió la colocación de 36 escaleras mecánicas, lo que redujo la calidad del servicio.
Aunado a ello, se había proyectado la instalación de 50 elevadores para minusválidos con un costo de 69 millones 674 mil pesos, pero sólo se instalaron 47, lo que sumó un pago en exceso de 4 millones 180 mil pesos.
La Secretaría de Obras y la dirección general del Proyecto Metro han justificado las irregularidades bajo el argumento de que se encuentran en proceso de conciliación de las obras pendientes con el consorcio ICA-ALSTOM-Carso.
En caso de que las anomalías no sean subsanadas, la ASF solicitará al gobierno de Mancera la recuperación del dinero erogado sin justificación.