El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, demandó la intervención oportuna del Estado en las investigaciones del ultraje cometido contra seis mujeres españolas, ocurrido el fin de semana pasado, en Acapulco, Guerrero.
Al presentar su Informe de Labores 2012, ante el presidente Enrique Peña Nieto, pidó completar la investigación y llevar, hasta las últimas consecuencias, a los responsables.
En su informe, el ombudsman citó, como un caso especial, a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal por la negativa recurrente de su entonces titular, para aceptar o cumplir las recomendaciones del organismo.
Dijo que el año pasado también se registró un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos, derivado de las acciones y enfrentamientos de las autoridades encargadas de la seguridad pública contra la delincuencia organizada, y entre los propios grupos delictivos.
En la residencia oficial de Los Pinos, el titular de la CNDH aseguró que esa fue la causa principal de muertes violentas y que 34 personas, ajenas a los hechos, perdieran la vida en 2012.
Advirtió que otro problema que refleja alta percepción de inseguridad por parte de la población, y la falta de confianza en las autoridades, son las acciones de autodefensa, aquellas donde los habitantes deciden tomar la justicia por propia mano.
Hoy mismo, dijo, los casos que se presentan en comunidades del estado de Guerrero son una señal que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones.
“Para ello, es preciso vencer la impunidad y favorecer la observancia y el respeto de la Constitución y de la ley en nuestro país”, agregó.
Entre las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos, mencionó: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el órgano administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y la Comisión Federal de Electricidad.
Además, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.
Durante el periodo, refirió que se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se presentaron 371 mil 522 servicios, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo hacia la sociedad.
En 2012, recordó que se emitieron 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Las que no aceptaron las recomendaciones fueron la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y el gobierno de Sonora, en dos casos.
Asimismo, los ayuntamientos de Charcas, Sabinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí; y el ayuntamiento de El Salto, en Jalisco.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública federal explicó que no aceptó una recomendación referente al caso de detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas en Cuernavaca, Morelos.
Antes, tampoco había aceptado dos recomendaciones vinculadas con el tema de desaparición forzada de personas, en los cuales están involucrados servidores públicos de esa dependencia.
En el informe indicó que no se ofrecieron evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, subrayó.
Por ello, dijo Plascencia Villanueva, solicitamos al Senado citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública para que explicara ante ese órgano legislativo, pero particularmente ante la sociedad en general, su compromiso en la observancia a la Constitución y los motivos de por qué no aceptar y dar cumplimiento a estas recomendaciones.
El comisionado presidente de la CNDH defendió dicho esquema como un novedoso procedimiento constitucional que permite la rendición de cuentas.
Abundó que el año pasado se presentaron 149 quejas por parte de periodistas y 51 activistas por violaciones a los derechos humanos, por lo cual llamó a erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad y la prevención.