En el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 al sacerdote Alejandro Solalinde, el presidente Enrique Peña anunció que presentará un paquete de reformas entre las que se encuentra equiparar el delito de desaparición forzada conforme a estándares internacionales.

 

“Algunas de esas reformas tienen que ver con adecuar el tipo penal de desaparición forzada de personas conforme a estándares internacionales así como expedir las leyes para garantizar el respeto a los derechos humanos en los casos de suspensión de garantías y de expulsión de personas extranjeras, entre otras que permitan actualizar el marco legal”, explicó el primer mandatario.

 

Estas modificaciones se encuentran inscritas en el Pacto por México, que fue firmado por las tres principales fuerzas políticas en el Alcázar de Chapultepec hace poco más de una semana.

 

Peña entregó el premio al sacerdote católico en Los Pinos como reconocimiento a su labor en defensa de los derechos humanos de los migrantes en el albergue “Hermanos en el camino”, en Ixtepec, Oaxaca, en el cual brinda asistencia humanitaria a los centroamericanos que cruzan el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

 

En su intervención, Solalinde pidió a Peña gobernar más allá de partidos y colocar a los derechos humanos como política transversal de gobierno.

 

“México está mal, hay que decirlo. Y ya la forma tradicional, las estructuras tradicionales que teníamos ya no alcanzan. Necesitamos mirar de otra manera, empezar a ver de otra forma. Dejar nuestras parcialidades, dejar nuestra visión de partidos, dejar nuestra visión de iglesias aisladas, de grupos aislados”.

 

Solalinde también pidió al Ejecutivo transformar la dinámica de gobierno para permitir un mayor acercamiento entre éste y sus gobernados y, en este sentido, a pesar de su rebeldía, pidió al presidente que escuche a los jóvenes.

 

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, alertó sobre prácticas como la desaparición forzada de personas, detención arbitraria, ejecuciones, cateos ilegales y tortura las cuales “parecían ya superadas” pero “resurgieron con gran intensidad en los últimos años”.

 

El ombudsman recalcó la importancia de atender a aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad como niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y migrantes.