A una semana de que entró en funciones el nuevo gobierno, 65% de quienes integraron el equipo de transición de Enrique Peña Nieto ya han sido colocados en el gobierno federal, especialmente en las secretarías y subsecretarías más importantes como Hacienda, Comunicaciones y Transportes y Gobernación.

 

Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong pasaron de ser los más importantes del equipo de transición a titulares de las dos carteras más poderosas, Hacienda y Gobernación. En total, 32 colaboradores del mandatario, de un equipo de 49, ya se encuentran en tareas de gobierno, para los otros, tal vez operó la sentencia de Peña al presentarlos: “no puede entenderse y menos suponer que estas designaciones tengan que ver con la designación de quienes serán responsables de las distintas áreas de la administración pública”.

 

Emilio Lozoya y Aurelio Nuño, que estuvieron entre los miembros más jóvenes del equipo, ahora encabezan Pemex y la Oficina de la Presidencia, respectivamente.

 

Algunos de los puestos actuales son la consecuencia lógica del que desempeñaron en el equipo de transición, como el de Gerardo Ruiz Esparza, quien fungiera como coordinador de Infraestructura y fue nombrado Secretario de Comunicaciones y Transportes; Juan José Guerra Abud, coordinador de Medio Ambiente y actualmente titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); David Korenfeld, coordinador de Aguas y ahora titular de la Comisión Nacional del Agua, y Alfonso Navarrete Prida, coordinador de Trabajo y secretario de Trabajo y Previsión Social en funciones.

 

Ocupados en labores que no correspondieron a las que se les encargaron en la transición están Alejandro Nieto Enríquez, quien fungiera como secretario técnico y ya es director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); Enrique de la Madrid Cordero, coordinador del campo y nuevo titular del Banco de Comercio Exterior (Bancomext); Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de Seguridad y Justicia y actualmente secretario de la Reforma Agraria; Claudia Ruiz Massieu coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia y ahora titular de la Secretaria de Turismo, y el coordinador de Jóvenes, Rafael Pacciano, ya subsecretario de Gestión para la protección ambiental de la SEMARNAT.

 

En la Secretaría de Gobernación encontraron acomodo quienes habían ocupado coordinaciones relacionadas con la política y la seguridad, además de personajes muy cercanos al presidente de la República, como Luis Miranda, secretario de Gobierno; Roberto Campa, coordinador de Seguridad, subsecretario de Prevención y participación ciudadana; Paloma Guillén Vicente es subsecretaría de Población, migración y asuntos religiosos y antes fue coordinadora de Agenda legislativa; Felipe Solís Acero, coordinador jurídico ocupa la subsecretaría de Enlace Legislativo; Luis Felipe Puente Espinosa fue coordinador de Protección Civil y ahora es subsecretario del ramo; el ex vocero del presidente electo, Eduardo Sánchez Hernández, quedó como subsecretario de Normatividad de Medios.

 

En Hacienda, Fernando Galindo, enlace con la dependencia, ahora es subsecretario de Egresos.

 

El asesor jurídico Humberto Castillejos ocupa ahora la Consejería Jurídica de la Presidencia; Ignacio Peralta, de la coordinación de proyectos especiales pasó a la subsecretaría de Comunicaciones en la SCT; Raúl Murrieta, también es subsecretario pero a cargo de infraestructura.

 

Sebastián Lerdo de Tejada, encargado del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, es director del ISSSTE; Eugenio Ímaz, coordinador operativo, dirige el CISEN y el coordinador de Justicia, Alfredo Castillo, ahora despacha como subprocurador de Control regional, procedimientos penales y amparo en la PGR.

 

Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, pasó de la vinculación con la sociedad civil al Consejo Nacional de Fomento Educativo, mientras María Cristina García Cepeda, que encabezó Cultura, fue nombrada directora de Bellas Artes.

 

Iglesia da dos buenas y 2 malas a Peña

 

La Arquidiócesis de México consideró que el presidente Enrique Peña inició su gestión con el pie derecho al anunciar 13 acciones inmediatas para resolver problemas urgentes y luego convocar al Pacto por México, pero hubo dos omisiones ya no mencionó al campo mexicano ni una reforma a fondo del sistema judicial mexicano, asentó la iglesia católica.

 

Aun cuando las propuestas del presidente abarcan las principales aspiraciones y preocupaciones de un país que no ha sabido cómo salir adelante y que tampoco ha encontrado los liderazgos necesarios para impulsar cambios y reformas, el editorial del semanario Desde la fe considera extraño que los temas señalados no fueran mencionados.

 

La Arquidiócesis destacó que ambos temas se ubican en la base de la injusticia social y de otros muchos males, basta con ver que la mayor parte de los campesinos están sumidos en la miseria, y que el sistema judicial es una de las instituciones más deficientes y corruptas del país.

 

“Esta omisión no es menor cuando vemos los resultados del estudio del Proyecto Mundial de Justicia, que mide a los Estados en su capacidad de impartir justicia, que coloca a México en el vergonzoso lugar 91 (de 97 países evaluados), concluyendo que la corrupción en nuestro país es un problema serio en todas las ramas del gobierno”, anotó.

 

La publicación del Arzobispado asentó que aunado a este devastador estudio está la encuesta nacional sobre el sistema de justicia penal en México que da cuenta, de manera meticulosa, del desastroso estado en que se encuentra la procuración de justicia en nuestro país ya que sólo 6% de los mexicanos dice tener mucha confianza en la justicia, sólo por arriba de lo más desprestigiado en el país, que es la clase política, que apenas alcanza 3% de credibilidad.

 

“Definitivamente no será posible combatir la corrupción y la impunidad que están en la base de la pobreza, la violencia y la descomposición social, sin reformar a fondo el sistema judicial mexicano”, subrayó.

 

El organismo que encabeza el cardenal Norberto Rivera asentó que no se trata de atacar y demoler al Poder Judicial sino de transformarlo, depurarlo y dignificar el ejercicio de la justicia, sin la cual no hay Estado de derecho ni será posible la consecución de la justicia, el desarrollo y la paz.Suzzete Alcántara