Si el lector pudiera mirar desde el espacio aéreo un agrupamiento con todos los autos que cada día se estacionan sobre calles y banquetas de la Ciudad de México –un millón 800 mil–, vería un lote automotriz con 26 kilómetros cuadrados, extensión equivalente a la delegación Benito Juárez o a una tercera parte de la infraestructura vial de la urbe.

 

Una vuelta a la manzana, luego dos, tres… nada. El manejador se desespera al no encontrar un cajón de estacionamiento cerca de su destino, y adopta una de dos alternativas: seguir circulando, claro, o bien apretar los dientes e ingresar a un mundo de ilegalidad y violencia.

 

El no escrito derecho del conductor a pararse en la vía pública choca contra el irregular derecho del vecino a reservar su calle con obstáculos, o bien ante el abuso del franelero, que exige una cuota a cambio de llegar con antelación a un lugar y apropiárselo.

 

En muchas zonas, la autoridad brilla por su ausencia, salvo en donde sus representantes se benefician del caos y de todo eso que, según se aprecia, es una guerra por los cajones libres de una capital que posee 4.5 millones de vehículos propios y dos millones de foráneos, pero que apenas tiene mil 800 estacionamientos formales, con capacidad para guardar 131 mil.

 

 

 

 

El cajón de la vida

 

–Los franeleros y valets son un cáncer incurable que se ha apoderado de las calles –dice Tanya, conductora de un deportivo color azul chillón, y por cuya aparente seguridad en la vía pública acaba de pagar cien pesos a un regordete apartador de lugares.

 

–¡Mucho dinero para dejar un coche en la calle!

 

–Sí, el valet es un robo, y el franelero una extorsión: estoy pagando para que no me rayen la pintura o no me ponchen las llantas; son mafiosos, muchos han estado en la cárcel y son reincidentes”, afirma esta joven ejecutiva, mitad con enojo, mitad con resignación, aclarando que el costoso franelazo se ha debido a que es viernes por la tarde y estamos en las afueras del nada económico Plaza, de la colonia Condesa. En días normales o en calles adyacentes, agrega, la cuota habría sido de 50 pesos. “Lo más barato, 30, y eso si les caes bien o ya te conocen.”

 

Así gastan su dinero los manejadores que frecuentan este barrio bullicioso en el cual tiene su sede la dependencia encargada de la vialidad en la urbe. Una zona que antes fue de casonas familiares, ahora es fundamentalmente ocupada por oficinas y restaurantes, pero que no poseen más estacionamiento que sus rampas o fachadas, razón por la cual recurren a brindar el servicio de valet parking; sistema que no pocos ve como una forma legalizada de franelaje, al estar a cargo de choferes que no hacen mucho más que recibir autos y correr a ponerlos en bocacalles, aceras o donde quepan o se las ingenien.

 

 

 

 

La Condesa, con un déficit de cajones superior a 2 mil 500, es una de las 12 zonas críticas de la ciudad en ese rubro, junto con Chapultepec, el Centro Histórico y la Zona Rosa; las colonias Del Valle, Ciudad de los Deportes, Plateros, Villa Coapa y San Ángel; las demarcaciones de Tlalpan, especialmente su área de hospitales, así como la de Coyoacán, incluyendo Ciudad Universitaria. Los datos anteriores, vertidos por especialistas durante un Foro de Estacionamientos, celebrado hace dos años por la Asamblea Legislativa del D. F.

 

En Coyoacán, tanto en el área turística como en muchos de sus fraccionamientos, los autos que requieren lugar sólo cabrían si la mitad pudieran ser puestos uno sobre el otro, al poseer la zona un desequilibrio del 55 por ciento entre la oferta y la demanda de lugares.

 

En Santa Fe, ámbito de grandes corporativos, los autos de sus ejecutivos se guardan en cómodos estacionamientos; sin embargo, la mayor parte de las empresas no dejan pasar los de visitantes o de empleados con cargos de menor importancia. El saldo es de 2 mil 500 vehículos discriminados, los que se quedan en las afueras de inmuebles, en torno al estrecho circuito vial que recorre el conjunto, o bien dentro del centro comercial, en cuyo estacionamiento caben sólo 400.

 

En colonias céntricas como Cuauhtémoc, Polanco y Lomas, la autoridad ha instalado parquímetros y con ello ahuyentado a decenas de franeleros; sin embargo, si bien las calles se han despejado hasta en un 30 por ciento, con respecto a cinco años anteriores, la afectación ahora se dirige contra el peatón, al ser invadidas por autos las áreas ajenas al control de esos equipos: banquetas, bocacalles y hasta jardineras. Los franeleros hacen negocio cobrando cuotas de 20 a 30 pesos por quedarse con las llaves de un auto en condición infractora.

 

Un número indeterminado de personas –niños, jóvenes o ancianos, hombres o mujeres– vive de la controvertida labor de apartar lugares en la vía pública, un “secuestro” de la calle, según algunos ciudadanos; una válvula de escape social, para otros. En muchas zonas, los franeleros son queridos por los vecinos –hacen tareas que no todo mundo quiere hacer, como lavar autos–, mientras que en muchos otros lugares son francamente temidos:

 

Sobre la callejuela Bernardino de Sahagún, en la colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, una mujer apodada La Mari no solamente cobra cuotas de estacionamiento a visitantes de tres hoteles de paso que ahí operan las 24 horas del día, sino que es acusada por sexoservidoras de ser golpeadora y encargada del propio negocio de trata callejera, en beneficio de hoteleros y patrulleros del área: unidades 9328 y 9329 de la SSP-DF, con quienes mantendría alguna relación.

 

Recientemente, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, ha estallado una violenta disputa entre franeleros y autoridades; debido a la inauguración de seis estacionamientos que cobran tarifas de 23 pesos la hora y de 41 por tiempo diurno ilimitado; situación que afecta el interés de un grupo organizado de apartadores del circuito vial y de áreas de pasto, quienes habían mantenido por años una especie de “concesión” para operar el área, mediante pago de cantidades que van de 30 a 50 pesos por unidad.

 

La calle no es de nadie

 

 

–¿Estacionarse es realmente un derecho ciudadano? –se le pregunta a Alberto Suárez, especialista en administración pública de la UNAM, quien responde:

 

–La calle no es de nadie. En todo caso, es ámbito del Estado, que al instalar sus parquímetros, aplica su derecho jurídico a administrarla. En sitios donde no lo hace, deja de ganar en recaudación de impuestos y deja la calle al libre albedrío, a la fuerza que desplieguen los actores para abrogarse esa posesión.

 

–Los automovilistas dicen que los impuestos como la tenencia ya son onerosos, de modo que pagar por parquímetros les parece un exceso.

 

–Cada impuesto tiene una etiqueta distinta: los derechos automotrices pueden subir o bajar, de acuerdo a las políticas de cada país. En México, me parecen altos. Pero en el caso del estacionamiento en la vía pública, la tendencia mundial es a cobrarlo; inclusive cada día más caro, a fin de desalentar el uso del auto. En Tokio, por ejemplo, no te venden uno si no compruebas que tienes en casa una cochera interior para estacionarlo.

 

–¿Pueden los residentes de un predio apartar con postes o cadenas su espacio de calle?

 

–No. Los reglamentos sólo permiten, con excepciones, el derecho a reservar las rampas de las cocheras, y todo lo que pongas para apartar un lugar es ilegal, incluyendo un simple letrero.

 

 

 

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