La Procuraduría General de la República (PGR) estableció que la emboscada en la que 14 policías federales atacaron a agentes de la CIA, se actuó con premeditación, alevosía y ventaja, y sin que existiera ninguna atenuante ni respuesta de parte de las víctimas.

 

En el pliego de consignación, el Ministerio Público se señala que el delito fue calificado y, aunque las víctimas no murieron gracias al nivel de blindaje de la camioneta diplomática, la pena que alcanzarían como mínimo sería de 20 años de prisión, sentencia mayor a la de un homicidio simple que se hubiera consumado.

 

Autoridades de la PGR señalaron que los análisis periciales y reconstrucción de los hechos, así como la revisión de videos y fotografías, coinciden con la versión vertida por los funcionarios estadunidenses y el capitán de la Marina, respecto a la comisión de un ataque directo e intencional en su contra.

 

Es decir, los policías vestidos de civil y a bordo de automóviles no oficiales, le cerraron el paso a la camioneta diplomática en un camino de terracería cerca de Tres Marías y, sin justificación válida, amenazaron primero a sus ocupantes y luego dispararon en 152 ocasiones contra el vehículo, consiguiendo herir a sus ocupantes.

 

Superioridad en número, en armas, en despliegue táctico y operativo, y en factor sorpresa, son algunos de los elementos que fueron considerados, de acuerdo con las fuentes ministeriales, en la consignación de la averiguación previa PGR/MOR/TV/611/1/2012.

 

La sustentación

 

Para sustentar el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de los 14 agentes, la PGR invocó los conceptos de premeditación, alevosía y ventaja a los que hacen referencia los artículos 315, 316 y 318 del Código Penal Federal.

 

Por alevosía, la normativa penal define que se trata de “sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o empleando asechanza (engaños) u otro medio que no le dé lugar a defenderse”.

 

La premeditación se configura cuando “el reo cause intencionalmente una lesión, después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer”.

 

Y por ventaja, el Código Penal Federal establece condiciones como “la superioridad por las armas que se emplean, por la destreza en el manejo de ellas o por el número de los que acompañan (al atacante)”.

 

La PGR también hizo énfasis en la calidad de servidores públicos federales de los policías que fueron consignados, situación que agrava también las acusaciones.

 

Solo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el Código Penal establece una pena mínima de 20 años de prisión, que se sumaría además a la que resulte de los otros delitos en cado de que los agentes sean declarados culpables.

 

Además, hay cinco elementos de la Policía Federal acusados de encubrimiento y otro policía por falsedad de declaraciones.

 

Entre los consignados también se encuentra un sujeto que es empleado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero es administrativo y no policía, por lo que se le agregó el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

 

En la información que ya se había hecho pública, la PGR confirmó además que al momento de ser presentados ante el Ministerio Público, horas después de que ocurrió el incidente, los policías iban uniformados pese a que en los hechos estaban vestidos de civil, por lo que hubo una “simulación” de lo ocurrido.

 

Jueces definen proceso el viernes

 

Será a más tardar el próximo viernes cuando jueces federales resuelvan la situación jurídica de los 14 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal consignados por el intento de homicidio en contra de los agentes de la CIA y el capitán de la Marina, durante la balacera del 24 de agosto cerca de Tres Marías.

 

La defensa de los inculpados solicitó que se ampliara el plazo constitucional hasta las 144 horas para que se dicte el auto de formal prisión o de libertad, con el objetivo de presentar pruebas en contra de la consignación hecha por la PGR.

 

El domingo los policías rindieron su declaración preparatoria. Los siete que fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, lo hicieron ante el Juzgado Sexto de Distrito de Jalisco, mientras que lso que fueron enviados a un penal en ciudad Juárez lo hicieron ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Chihuahua.

 

Cargos son un exceso: defensa

 

Enrique Mondragón, uno de los defensores de los policías consignados, consideró un exceso la acusación de tentativa de homicidio calificado que imputó la PGR, pues insistió en que se trató de un hecho circunstancial, derivado de la confusión por un operativo antisecuestro implementado en la zona.

 

“En el expediente se habla de alevosía, ventaja y premeditación, situaciones que nos agravan el caso, pero quisiéramos saber cual es el sustento de ello porque lo que nosotros si hemos acreditado, es que había un operativo en la zona, y que se creyó que la camioneta era de un grupo de secuestradores”, señaló.

 

A juicio del litigante, en el incidente del pasado 24 de agosto “hubo errores de las dos partes”, pues los estadunidenses tampoco detuvieron el vehículo diplomático, pero insistió en que no existen elementos para pensar que se trataba de una emboscada y una acción dirigida.

 

Mondragón dijo que tienen los elementos necesarios, como documentos y pruebas testimoniales, para acreditar su versión en un eventual juicio.

 

“Además vamos a hacer hincapié, en otras cosas, porque parecen menores pero no lo son, como el por qué no se había alertado a la Policía Federal de la circulación de esta camioneta diplomática, sui ya era quinta vez que transitaban por la zona, según lo asentado en las declaraciones” apuntó el litigante.

 

El abogado acusó además a la Procuraduría de obstaculizar el derecho a una defensa eficiente de los policías, e incluso hasta al ser visitados por sus familiares luego de que resolvió dividir en dos grupos a los policías, y enviar a unos a Jalisco y a otros a Chihuahua.

 

No obstante, hizo hincapié en que una vez que los jueces dicten la formal prisión, lo que consideró muy probable, el expediente del caso regresará al Juzgado Cuarto de Distrito de Morelos, donde se giraron las órdenes de aprehensión y se llevará a cabo el juicio. ARTURO ÁNGEL