La Comisión Federal de Electricidad negó que haya comprado carbón a minas operadas por el crimen organizado ya que todas sus compras para la operación de las centrales carboeléctricas Carbón II y José López Portillo (Río Escondido), ubicadas en Coahuila, se han hecho a Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) -propiedad del gobierno estatal-, Coahuila Industrial Minera y Prominer.

 

La paraestatal sostuvo que no tiene relación comercial o contractual con ningún otro productor de carbón de la entidad.

 

La semana pasada, el ex gobernador del estado, Humberto Moreira, denunció que Los Zetas explotan minas de carbón en el norte del estado y venden su producto a empresarios que lo revenden a empresas, entre ellas la CFE.

 

Moreira acusó que esos empresarios también son responsables de la muerte su hijo Eduardo, asesinado el 3 de octubre en Ciudad Acuña.

 

“Para la operación de las centrales Carbón II y Río Escondido, la CFE adquiere a Prodemi 3.3 millones de toneladas por año, proveniente de la Cuenca de Sabinas; a Coahuila Industrial Minera, 6.7 millones de toneladas por año de carbón de diseño, producto de licitaciones públicas internacionales, y a Prominer medio millón de toneladas de carbón importado del estado de Colorado, EUA, y entregado en la central por ferrocarril”.

 

CFE explicó que en 1994 se creó el Fondo de garantía para la pequeña y mediana minería, que compraría carbón de producción local para suministro de las centrales Carbón II y Río Escondido. En marzo de 2003, el gobierno de Coahuila creó la Prodemi, organismo público descentralizado que adquiere el carbón a los productores de la entidad y lo vende a CFE.

 

“Desde esa fecha, la CFE celebra contratos con Prodemi para la adquisición de hasta 3.3 millones de toneladas de carbón por año puesto en las centrales, proveniente de la Cuenca de Sabinas. La responsabilidad contractual de CFE se limita al recibo del carbón en términos de cantidad, calidad y el pago correspondiente”.

 

Por su parte, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que las averiguaciones que han hecho las autoridades en torno a las denuncias y las verificaciones de las secretarías de Economía y Trabajo han llevado a la clausura de tiros verticales de carbón, para garantizar una mayor seguridad y combatir las actividades económicas de la delincuencia organizada en la zona.

 

Poiré sostuvo que ha estado en contacto con el ex gobernador Moreira y que éste ha recibido información puntual de las investigaciones, pero se negó a confirmar algún nexo entre Javier Villarreal, ex tesorero del estado y responsable de la operación de Prodemi, con los grupos del crimen dedicados a la explotación de carbón.