Antes de proceder penalmente en contra del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, por cargos relacionados con lavado de dinero, la Procuraduría General de la República (PGR) quiere detener al menos a cuatro empresarios más que habrían colaborado con él para operar los recursos ilícitos.

 

Autoridades de la Procuraduría informaron a 24 HORAS  que el Ministerio Público Federal  cuenta ya con las órdenes de presentación en contra de Fernando Cano  Martínez, quien figura como el principal prestanombres del ex gobernador, así como de Adrián García Martínez, Sayed Mohamed Farough Fatemi Corcuera y Gabriel Maldonado Pumarejo.

 

Las declaraciones que ha rendido Sonia de Pau García, ex esposa de Cano y quien decidió apegarse al programa de testigos colaboradores, han permitido a las autoridades consolidar la red de vínculos en torno a los referidos empresarios con Yarrington  y con el también ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

 

Por esta misma investigación, ya  fueron consignados los empresarios Napoleón Rodríguez  de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga alias La Conga, acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Cano  Martínez  es para las autoridades de México y Estados Unidos el  principal constructor de la amplia red de negocios e inversiones que permitieron a los ex mandatarios lavar millones de dólares que presuntamente tuvieron su origen en las actividades de narcotráfico del Cártel del Golfo.

 

De acuerdo con los expedientes de las demandas civiles iniciadas en tribunales de Texas, Cano es copropietario de un terreno en San Antonio y un condominio en la Isla del Padre, los cuales fueron incautados por autoridades estadunidense tras corroborarse que fueron adquiridos con recursos cuya procedencia es desconocida.

 

En Estados Unidos creó 17 empresas de bienes raíces con las cuales adquirió 33 lotes, en México es propietario de constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como más de tres mil 893 hectáreas, entre ranchos, terrenos rústicos y urbanos.

 

Fatemi Corcuera es señalado por Pau García como un amigo y socio cercano a Yarrington, y durante su periodo de gobierno en Tamaulipas fundó las inmobiliarias Cormon y Santa María Dolores, la cuales recibieron  una inyección de recursos por 60 millones de pesos redirigidos por Cano Martínez.

 

Hace unos meses, agentes federales implementaron un cateo en una residencia de tipo campestre propiedad de Corcuera, la cual se encuentra ubicada sobre la carretera Ciudad Vitoria-Monterrey, a solo tres kilómetros del rancho conocido como “El Chorro”, propiedad del ex gobernador Hernández Flores, y que también fue cateado.

 

Maldonado Pumarejo recibió de Cano múltiples recursos económicos  para diversos proyectos, entre los que destacan  11 millones de pesos en el 2006 para el desarrollo turístico de “La Pesca”, impulsado por el ex gobernador Hernández.

 

Respecto a García Martínez, la PGR lo considera como uno de los principales cómplices de Cano en las operaciones sospechosas.  Luego de estar arruinado hasta 2003, se asoció con el ex esposo de Sonia de Pau, y adquirió 17 empresas de bienes raíces para la compra de lotes. También se encargó de pagar los créditos otorgados por bancos estadunidenses.

 

Con las declaraciones de estas personas la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) pretende reunir la mayor cantidad de elementos posibles en el expediente de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, antes de proceder contra los ex gobernadores.

 

Dicho expediente se abrió originalmente en  2009 con una declaración de un testigo colaborador con el nombre clave Ángeles, y a partir de la misma se han realizado múltiples diligencias ministeriales, entre ellas más de 40 cateos en distintos estados del país.

 

Pero la pieza clave al momento ha sido Pau García, quien con su demanda de divorcio y sus declaraciones posteriores, le ha permitido al Ministerio Público Federal armar el rompecabezas respecto a las redes de lavado de dinero que operaron en Tamaulipas en la década pasada.