Dirigentes de los partidos que conforman la coalición Movimiento Progresista fueron recibidos por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos.

 

En reunión privada, Jesús Zambrano, Alberto Anaya, Ricardo Mejía, Jaime Cárdenas, Camerino Márquez y Silvano Garay, solicitaron un juicio justo en la calificación de la elección presidencial y que tomen en cuenta todas las pruebas supervenientes que han aportado con la finalidad de anular la elección presidencial.

 

Zambrano, dirigente nacional del PRD, mencionó que de ninguna manera aceptarán un fallo injusto y que  no se echarán para atrás en el ejercicio de sus derechos legales y constitucionales;   invitó a todos los sectores de México a que exijan justicia y combatan a la impunidad.

 

El líder nacional del sol azteca señaló que el fallo debe ser analizado de manera objetiva y basado en todos los elementos presentados: ”Que se analicen exhaustivamente el conjunto de las pruebas, de los argumentos y agravios que hemos presentado, que de ninguna manera la sentencia que emitan debe ser sobre las rodillas, con apresuramientos, atendiendo a presiones de ningún tipo sino que le planteamos que se les dé entrada a las nuevas pruebas supervenientes, que sean analizadas a fondo y que con plenitud de jurisdicción sea como ellos decidan su propia sentencia”.

 

Al término del alegato de oídas, los integrantes del movimiento progresista ofrecieron una conferencia para anunciar que han reforzado sus argumentos ante el Tribunal Electoral para pedir que esta elección presidencial sea declarada inválida ya que se violaron diversas disposiciones constitucionales.

 

Los dirigentes partidistas hicieron un llamado al Instituto Federal Electoral para que con base en el Artículo 85 del COFIPE abra un proceso extraordinario de fiscalización para que con plazos diferentes a los establecidos se realicen estas indagatorias.

 

La regla a la letra dice: “En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este Artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral”.

 

El objetivo es que se dé curso a las quejas de presuntas irregularidades, como lavado de dinero. Mencionaron que no saben qué ha requerido la Unidad de Fiscalización del IFE a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tampoco qué ha recibido el Tribunal Electoral, por eso solicitarán agilizar el trabajo de investigación, sobre todo para saber si hubo rebase de gastos o uso de dinero ilegal por parte de la coalición de Enrique Peña Nieto.

 

Basan uno de sus argumentos en el Artículo 41 de la Constitución, resaltando que estas elecciones no fueron libres ni auténticas y que esperan que la delincuencia electoral no quede impune y que el argumento de que la diferencia de votos fue demasiado grande no sea la base legal de este juicio: “Esperamos que el Tribunal emita una sentencia justa con apego estricto a Derecho y si lo hace así, estamos convencidos de que deberá darnos la razón”, declaró Zambrano.

 

Mantienen su escepticismo, pero saben que los magistrados de la Sala Superior actuarán conforme a la Constitución.

 

Respecto a lo señalado por el magistrado Luna de que en los tribunales no se arreglaría lo que no se ganó en las urnas, mencionaron que las expresiones referidas ocurrieron antes de la jornada electoral del domingo 1 de julio y todo está aclarado.