De los 32 presuntos delincuentes electorales consignados durante este mes, 29 de ellos fueron acusados de alterar datos del Registro Federal de Electores, delito que se castiga en el Código Penal Federal hasta con siete años de prisión.
Dos personas más fueron señaladas por haber recogido, presuntamente, credenciales de elector, delito tipificado en el artículo 403 por el cual la pena es de seis meses a tres años de prisión, y por ser un delito no grave pueden alcanzar fianza fijada en un mínimo de 10 salarios mínimos y un máximo de 100.
La otra persona fue acusada de haber incurrido en el delito de usurpación de funciones, sancionado en el artículo 250 con cárcel de uno a seis años, y de 100 a 300 días de multa.
De acuerdo con un comunicado emitido ayer por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), consignó este mes un total de 31 averiguaciones previas ante jueces de distrito, en las cuales están involucradas 32 personas.
Esas personas son habitantes de 12 entidades del país, la mayoría del estado de Veracruz en total 12; después Coahuila y Distrito Federal con cuatro cada uno; Campeche Guanajuato e Hidalgo, con dos cada uno.
Mientras en Tabasco, Quintana Roo, Chihuahua, Puebla, Oaxaca y Baja California, hubo una persona consignada en cada uno de esos estados.
Además, la FEPADE informó que hay cinco sentencias condenatorias, con lo cual suman 10 los fallos emitidos en este sentido por tribunales federales.
También en ese lapso fueron detenidos por la Policía Ministerial Federal tres personas en el estado de Guerrero, que durante la jornada electoral del 1 de julio pasado votaron más de una vez. Y en Sonora, otros dos por dar datos falsos al Instituto Federal Electoral.