Tres personas -de las mejor pagadas en el país- decidirán la validación o la anulación de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Se trata de Salvador Nava Gomar, Flavio Galván (quien ya se pronunció contra la demanda del PRD) y Constancio Carrasco, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designados para analizar la demanda de nulidad presentada por los partidos de izquierda el pasado 12 de julio.
La elección debe estar calificada, a más tardar, el 6 de septiembre próximo, pero el TEPJF tiene sólo hasta el 31 de agosto para concluir con la resolución de este caso (y de las otras 363 quejas que se presentaron).
Esto significa que, únicamente por sueldos y compensaciones de los magistrados ponentes, la resolución del juicio costará al erario un millón 407 mil 664 pesos. Esta cifra incluye los salarios de los tres jueces durante el mes y medio que habrá transcurrido entre que se recibió la demanda y se debe resolver: según la página de internet del propio tribunal, cada magistrado tiene un “sueldo base mensual” de 33 mil 321 pesos, unas “prestaciones nominales” de 64 mil 503 pesos y unas “compensaciones garantizadas” de 142 mil 538 pesos, lo que significa que cada uno de estos jueces tiene un salario mensual de 240 mil 362 pesos. No obstante, a esto aún hay que sumar la parte proporcional de las compensaciones anuales que reciben. Entre “prima vacacional”, “aguinaldo” y “pago por riesgo” hablamos de 72 mil 452 pesos al mes. Traducido: cada magistrado tiene ingresos de 312 mil 814 pesos mensuales.
Esto es casi el doble de lo que gana el Presidente de la República. Existe una ley, aprobada en 2009, que busca evitar esto (conocida como Ley de Salarios Máximos), pero no aplica para los magistrados que ya se desempeñaban como tales antes de la entrada en vigor de ese texto: es el caso de los tres mencionados.
Para este año, el TEPJF tiene asignado un presupuesto de dos mil 368.9 millones de pesos. De esta cifra, 293.3 millones de pesos corresponden al “Programa específico del Proceso Electoral Federal 2012”, cuyo objetivo último es, simplemente, resolver las impugnaciones y calificar la elección.
El Presupuesto de Egresos de este año detalla que ese programa extraordinario incluye la contratación temporal de 304 personas, la construcción de obra pública por 5.7 millones de pesos, la compra de bienes muebles, inmuebles e intangibles por 51.4 millones, y materiales y suministros por 5.8 millones, entre otros.
De acuerdo con la Constitución y las leyes al respecto, el TEPJF tiene una función fundamental: resolver las denuncias electorales federales y calificar la elección.
En México, sólo hay elecciones federales cada tres años, lo que significa que los (aproximadamente) dos mil millones de pesos que el TEPJF recibe cada año no electoral puede dedicarlos a realizar las actividades secundarias que le marca la ley: revisar las decisiones de las autoridades electorales locales, difundir el conocimiento jurídico y resolver sus problemas internos. Y, claro, también los destina a pagar los salarios de los magistrados. JUAN CARLOS ORTEGA
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