La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abiertas cinco averiguaciones previas por presunto lavado de dinero, evasión fiscal, peculado, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades en las que investiga al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y siete de sus cercanos colaboradores.

 

Desde 2010, la Unidad especializada en investigaciones contra funcionarios públicos y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), iniciaron los expedientes para investigar a los ex servidores públicos oaxaqueños ante el presunto desvío de recursos federales para beneficio personal, a través de empresas y cuentas bancarias de aparentes prestanombres.

 

Miguel Ángel Ortega. FOTO: ESPECIAL

Una parte de esas investigaciones fue consignada a un juez federal este año, pero por una integración inadecuada en las pruebas el Ministerio Público de la Federación solicitó a un juez federal la revocación de las órdenes de aprehensión para reintegrar el expediente y se encuentra en ese proceso.

 

Los funcionarios bajo investigación y que la PGR vincula con Ulises Ruiz son Miguel Ángel Ortega Habib, ex secretario de Finanzas; los ex coordinadores de Comunicación Social, Soledad Rojas Walls y Raúl Castellanos; el ex director de la Unidad Administrativa de Comunicación Social, Jorge Efrén Rojas Hernández; Ambrosio Vázquez Arango, ex titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y la ex secretaria de Salud, Sofía León.

 

Información recabada por 24 HORAS en PGR y la Secretaría de la Función Pública indica que uno de los expedientes que se integran y se encuentra en la SIEDO involucra a Ortega Habib por lavado de dinero, porque al parecer desvió recursos públicos a la empresa Servi Obra, con sede en Jalisco.

 

El resto de las investigaciones se encuentran en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales e involucran recursos federales destinados a obras públicas que no se realizaron y parte de ese dinero fue depositado en cuentas de empresas que se encuentran bajo investigación y todavía se revisa el destino final del dinero.

 

En uno de los casos, de acuerdo a un funcionario cercano a las pesquisas, los recursos estaban destinados a la construcción de tres clínicas en diferentes localidades de Oaxaca, pero sólo se construyó una y ni siquiera contaba con los insumos suficientes para operar totalmente, del resto de las clínicas nada se hizo.

 

Sin embargo, para acreditar el uso de recursos públicos, testimonios de funcionarios menores señalan que el gobernador ordenó que se fotografiara, en diferentes ángulos, la única clínica construida, y así se justificaran los gastos.

 

Peritos de la PGR han viajado en por lo menos tres ocasiones a Oaxaca para verificar la construcción de las clínicas, así como otras obras carreteras y salones escolares, y han dejado constancia que se trata de obras que no se construyeron, se dejaron a medias o su costo se elevó injustificadamente.

 

En los expedientes existen las fotografías, peritajes y testimonios contra los ex servidores públicos de Oaxaca y algunos de ellos indican que el ex gobernador estaba al tanto de esas operaciones y, en algunos casos, él mismo ordenó el desvío de recursos.

 

En el caso de salud de Oaxaca la PGR revisa también la ausencia de pago, por más de un año, al ISSSTE y FOVISSSTE, a pesar de que el monto se descontaba a los trabajadores y que se registró el supuesto pago en las finanzas estatales, pero el dinero nunca llegó a la Federación.