La industria tecnológica en México pide al gobierno transparentar los términos y consecuencias de la firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
Representantes de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (Amiti) expresaron su rechazo a este acuerdo debido a los riesgos que detectan.
El director nacional de la Canieti, Rogelio Garza, dijo que la industria desconoce los términos y condiciones del acuerdo comercial firmado por México, por lo que en primera instancia piden saber con exactitud las implicaciones.
“Estamos preparando un escrito para cuando entre la nueva Legislatura, aunque con la actual ya estamos estableciendo reuniones, veo factible que nos unamos Canieti, Amipci y Canieti para formar un bloque para defender el tema en conjunto”, resaltó.
Por su parte, el director general de la Amiti, Javier Allard, dijo que desde que iniciaron las negociaciones de ACTA, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se negó a informar los puntos del acuerdo.
El vicepresidente jurídico de la Amipci, Jonathan Garzón, lamentó que en el proceso de análisis sobre la firma de ACTA no hubiera claridad, ya que el Ejecutivo incumplió con su obligación de informar al Senado sobre el inicio de las negociaciones.
Entre los objetivos de este proyecto, que empezó a negociarse en 2007, se encuentran el de incrementar la cooperación internacional en la materia y proporcionar un marco legal más efectivo contra la piratería.
MONITOREO DE USUARIOS
Si bien el documento toca diversos ámbitos comerciales afectados por la producción apócrifa, la industria TIC ve severos riesgos en el artículo 27 dedicado a la “Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital”.
En este apartado, se faculta a los proveedores del servicio de internet a monitorear a los usuarios sin su conocimiento y en el caso de suponer una posible violación a los derechos de propiedad intelectual podrían tomar acciones legales en su contra sin que exista la garantía a un debido proceso judicial.
En octubre de 2010, se conformó en el Senado de la República el Grupo Plural de Trabajo, el cual presentó un año después un exhorto al Ejecutivo a no firmar la adhesión a este documento e incluso que México se retirara de las negociaciones.
El director del IMPI, Rodrigo Roque, confirmó la adhesión mexicana al tratado pese a que el Senado del país ya pidió el año pasado no hacerlo.
FALTA APROBACIÓN
El tratado internacional, suscrito en Tokio por el embajador de México en ese país, Claude Heller, deberá ser aún ratificado por la Cámara Alta del Congreso mexicano.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, rechazó enérgicamente la decisión del gobierno, que consideró “un abierto desafío del Ejecutivo al Legislativo en una actitud incomprensible”.
“Desde que se revelaron los primeros documentos en el año de 2010 la Cámara de Diputados, el Senado, así como diversas organizaciones de la Industria de las Tecnologías de la Información y de la sociedad civil, manifestamos nuestro rechazo a un acuerdo comercial que atenta contra las libertades de los usuarios de internet”, señaló.
En la Unión Europea (UE) un total de 22 de los 27 países comunitarios, entre ellos España, ya ha firmado el texto mientras otros como Alemania o Polonia han solicitado más tiempo para estudiarlo a fondo y aún no han cumplido esa etapa.
El pasado 4 de julio el pleno del Parlamento Europeo rechazó por amplia mayoría el ACTA aduciendo que se entromete en los derechos fundamentales de los internautas.
La adhesión de México al ACTA requiere la ratificación o rechazo del Senado de la República para que entre en vigor, señalaron abogados especialistas en temas de internet.
“Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es someter la firma de este acuerdo a la consideración del Senado para su ratificación o rechazo y en tanto ACTA no se incorpora a nuestro sistema jurídico”, refirió la presidenta de Observatel, Irene Levy.