Antes de que concluya la ampliación del arraigo por 40 días que un juez otorgó en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará las órdenes de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Autoridades de la dependencia aseguraron a 24 HORAS que se tienen elementos de prueba suficientes en el expediente de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010, para proceder antes del 3 de agosto en contra de los mandos castrenses por los ilícitos mencionados.
Será un juez federal quien determine si en efecto las pruebas reunidas ameritan girar la orden de aprehensión, o si por el contrario, se instruye la libertad una vez levantado el arraigo.
El pasado 26 de junio, el abogado de Ángeles, Ricardo Sánchez Reyes Retana, advirtió que la PGR había solicitado un segundo periodo de arraigo por 40 días en contra de los generales, toda vez que no había logrado consolidar ninguna de las pruebas que tenía en el expediente
En la dependencia negaron esta situación, y subrayaron que el periodo de ampliación de la medida cautelar es para perfeccionar nuevas evidencias que se agregaron en las últimas semanas al expediente.
Entre esas evidencias se encuentra documentación entregada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto a la evolución patrimonial de los mandos castrenses involucrados, así como los resultados de diligencias practicadas, entre ellas los cateos a distintas propiedades y verificación de material contable.
La PGR confirmó que también se incluyó en el expediente de la indagatoria, una llamada anónima de un supuesto sargento archivista del Heroico Colegio Militar, quien acusó a Ángeles Dauahare de haber fomentado el narcomenudeo cuando se desempeñó en la dirección de ese instituto castrense.
La principal línea de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), construida a partir de los señalamientos de testigos protegidos, es que ambos generales colaboraran con la organización delictiva de los Beltrán Leyva a cambio de fuertes remuneraciones económicas.
El apoyo, según lo señalado por los testigos Jennifer y Mateo, consistía en proporcionar a los capos del narcotráfico información respecto a operativos de las fuerzas castrenses, además de protección institucional para sus operaciones de trasiego de estupefacientes. Esto habría ocurrido fundamentalmente en la última década.
De acuerdo con la información a la que este diario tuvo acceso, el señalamiento de narcomenudeo en el Colegio Militar en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, surge a partir de un reporte anónimo recibido el pasado 16 de mayo en el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la PGR.
El denunciante, quien se identificó como un sargento archivista en el Colegio Militar, acusó primero a Ángeles de haber protegido las operaciones del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, cuando fungió como secretario particular del ex secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Luego, aseguró que cuando el general se desempeñó como director del instituto castrense, “fomentó el narcomenudeo entre el personal de cadetes y tropa”.
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