Polémica es lo menos que ha causado la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de generar ahorros por 300 mil millones de pesos derivado de una serie de medidas de austeridad que implementaría en el presupuesto público de llegar al gobierno.

 

Ayer comenté que, más allá de cualquier postura ideológica, estoy absolutamente de acuerdo con una revisión a fondo del gasto público y de su redimensionamiento. Sobran argumentos –y allí están estudios serios de la OCDE y del CIDE, entre muchos otros, sobre la calidad del gasto público en México- para pensar que un monto nada despreciable del presupuesto anual se despilfarra en tareas sin ninguna o escasa utilidad, en ineficiencias, prebendas, corruptelas, o en gastos suntuosos.

 

López Obrador y su equipo dicen que estos ahorros pueden alcanzar 300 mil millones de pesos anuales -que significa el 8.1% del presupuesto de gasto total anual de 2012- y ha publicado un desglose de cómo se llega a la cifra. La cifra no me parece escandalosa a la luz de los análisis previos que se han hecho en la academia y en organismos independientes, como en la Auditoría Superior de la Federación. Lo que no es convincente es el ramillete de medidas que se han hecho públicas para llegar a la cifra.

 

Según el documento se obtendrán: 90 mil millones de pesos de la reducción al 50% de las percepciones totales (sueldo mas prestaciones) a todos los funcionarios de alto nivel (51,469 en el gobierno central y otro tanto en las empresas paraestatales y poderes autónomos, para sumar más de 100 mil plazas). Otros 175 mil millones provendrán de recortes a los gastos operativos, distintos a los salarios, en el sector público federal. Y los últimos 50 mil millones provendrán de un recorte al gasto corriente de los Estados. En suma, más de 300 mil millones de pesos en ahorros.

 

Tres comentarios al respecto:

1. Es un error burdo aplicar una política salarial de ‘tabla rasa’ en la alta burocracia con una drástica caída en el ingreso como el que se propone. La mayoría de las 100 mil plazas en cuestión representa la materia gris y el ‘expertise’ de la administración pública federal, por lo que desmantelarla (que es lo que ocurrirá) tendría un grave efecto sobre el capital humano de la burocracia contrario a la eficiencia que se propone en el gasto. La izquierda, al igual que el PAN en su momento, no tiene los cuadros que se requieren para enfrentar un reto de este tamaño, por lo que sería mucho más realista aplicar un programa de depuración paulatina del gasto de la alta burocracia a partir de una evaluación pormenorizada.

 

2. Lucen más creíbles ahorros importantes en el gasto operativo a partir de un programa de austeridad, sin llegar a los extremos que se proponen de no proporcionar teléfonos celulares o pago de alimentos, bajo ciertas reglas, a los funcionarios. Por otra parte, la reducción del gasto corriente en los Estados está sujeta a una negociación política que, con un Congreso dividido, será complicado lograr.

 

3. Una gran tajada de ahorro no está en reducir sueldos, sino en ajustar plazas innecesarias en todo el sector público incluyendo paraestatales, en cancelar las onerosas partidas que reciben los sindicatos, en eliminar la extendida corrupción que impera en las compras que hace el gobierno o en focalizar un enorme monto de subsidios generalizados que se otorgan.

 

Aunque la intención es buena, las cuentas lucen alegres como para descansar allí el programa económico del próximo gobierno.

 

samuel@arenapublica.com | @SamuelGarciaCOM | www.samuelgarcia.com