Falta de rigor en los registros de las distintas procuradurías y desacuerdo en los parámetros de clasificación, han ocasionado que desde hace nueve meses la base de datos nacional de homicidios vinculados con la delincuencia organizada se encuentre desactualizada, y por ende, no se cuente con un registro oficial en esta materia.

 

En la página de Internet de la Procuraduría General de la República (PGR), la única estadística que puede consultarse es la de los homicidios por rivalidad delincuencial de enero a septiembre del 2011. No hay información de meses mas recientes.

 

En tanto, en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la base de datos de homicidios por crimen organizado sólo contiene los datos de 2007 al 2010.

 

Peor es la situación de los registros en torno a las personas desaparecidas a causa  de la rivalidad entre grupos delictivos, datos que supuestamente se comenzarían a integrar desde el año pasado; sin embargo, hasta el día de hoy no hay ningún avance ni cifra preliminar.

 

En el marco de la 27 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se llevó a cabo la semana pasada en Monterrey, Nuevo León, uno de los temas coyunturales tratados por los procuradores fue la serie de problemas de conformación de estos registros.

 

Autoridades de la PGR que asistieron al encuentro, indicaron que en las conferencias de procuradores del año pasado se había hecho énfasis en la necesidad de acelerar la integración de estos registros, sobre todo a partir de los reclamos de distintas organizaciones sociales por conocer el número de víctimas de la lucha contra la delincuencia.

 

En enero de este año, la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) emitió un pronunciamiento en el que hacía pública su inconformidad, ya que no se había dado a conocer un solo dato respecto a las muertes por crimen organizado en todo el 2011.

 

“Fue por ello que se soltó la estadística de enero a septiembre, para dar respuesta a este requerimiento, aunque en realidad la información estaba incompleta pues faltaban los otros meses, pero las entidades federativas no hicieron llegar la información”, indicaron en la PGR.

 

En la conferencia de procuradores se esperaba contar ya con un avance que no sólo completara el registro del 2011, sino que incluyera al menos el avance del primer trimestre de este año, pero ningún estado cumplió con el compromiso.

 

Las justificaciones de las distintas procuradurías respecto a la ausencia de esta información se concentraron en la falta de parámetros precisos para establecer preliminarmente que homicidio doloso puede vincularse con una rivalidad o grupo delincuencial, y cuales obedecen a una dinámica delictiva local.

 

En este contexto, la PGR les recordó que las muertes que se registren como producto de un enfrentamiento entre sicarios, las ejecuciones múltiples, los hallazgos de personas maniatadas o acompañadas de mensajes, y otros similares, deben ser ubicadas en el registro.

 

Durante el mensaje de clausura de la conferencia celebrada en Monterrey, la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, afirmó que en el encuentro se había “reafirmado los compromiso” de cumplir con el mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública, respecto a transparentar los datos relacionados con los homicidios vinculados al crimen organizado.

 

“Para ello, las instancias de procuración de justicia se comprometieron a contar con un registro finalizado de esas bases a más tardar el 15 de junio de este año, ampliar, actualizar y validar permanentemente la información respectiva”, dijo la procuradora.

 

Por otro lado, Morales recordó que el decreto por el cual se expidió la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, marca como una obligación el contar con una estadística en este rubro.

 

Por ello, dijo, se acordó con las procuradurías del país el compromiso para trasladar “en breve” la información con la que se cuente en esta materia al Sistema Nacional de Seguridad Pública

 

Se pactó que no solo se de a conocer un número, sino a identidad de cada persona no localizada, el registro sobre las circunstancias de su desaparición, y el dato de la autoridad administrativa o judicial a la que se haya reportado el extravío o secuestro.

 

No obstante, no se estableció una fecha para dar a conocer el registro.