Los procuradores generales de Justicia del país acordaron emitir un exhorto al Congreso de la Unión para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, en el que se discuta y apruebe el proyecto del Código Federal del Proceso Penal Acusatorio y las reformas a la Ley de Amparo.

 

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, afirmó que el nuevo sistema de justicia penal, que es un tema de la mayor relevancia, representa el tránsito hacia un nuevo modelo que demanda legítimamente la ciudadanía.

 

Al clausurar la 27 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realizó en Monterrey, Nuevo León, enfatizó que los mexicanos anhelan vivir en un Estado de derecho capaz de garantizar plenamente a cada persona la protección de la ley.

 

“Es claro para mí que sólo con la vigencia plena de un Estado de derecho, dotado para hacer que la ley se cumpla sin excepciones ni preferencias y sin abusos, se pueden alcanzar las metas de bienestar y justicia por las que luchamos todos los mexicanos”, apuntó.

 

Destacó que los procuradores reiteran el compromiso de coadyuvar en la transición al nuevo modelo de justicia penal, a partir de la experiencia obtenida en las entidades que lo han puesto en marcha, particularmente en lo relativo a la modernización y profesionalización del Ministerio Público.

 

Por otra parte, Morales Ibáñez indicó que el delito de trata de personas es un fenómeno complejo, con un efecto devastador en el ánimo de quienes sufren la explotación de algún familiar, ya sea por parte de la delincuencia común o del crimen organizado.

 

Expresó que los procuradores y fiscales del país continuarán impulsando la implementación del programa Alerta Amber a nivel nacional, para fortalecer las líneas de investigación ministerial en materia de desaparición de niños, niñas y adolescentes, así como de su inmediata recuperación y reincorporación a sus familias.

 

La funcionaria subrayó que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ratifica su compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos y a las recomendaciones que en esa materia emiten los organismos nacionales e internacionales, con especial referencia a la prevención de la tortura.

 

“En ese sentido, nos comprometimos a cumplir los lineamientos del Protocolo de Estambul relativos a la implementación del dictamen médico–psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato”, precisó.

 

Respecto a las elecciones del próximo 1 de julio, la titular de la PGR comentó que los integrantes de la conferencia refrendaron la voluntad de coordinar esfuerzos con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para intercambiar información sobre incidencia delictiva en la materia.

 

Para ese propósito se acordó que cada Procuraduría y Fiscalía estatal designe a un funcionario de primer nivel como enlace operativo, antes, durante y después de la jornada electoral, para eficientar la coordinación y comunicación con la FEPADE y las delegaciones estatales de la PGR, concluyó.

 

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