Comprar cualquier equipo para espiar en México no es un delito que se tipifique en la ley. Sólo si se utiliza, existe sanción de hasta 12 años de cárcel.
El especialista en derecho penal, Fernando García Cordero, explicó que la interceptación de las comunicaciones es un delito federal que no está catalogado entre los de alta peligrosidad.
El Código Penal Federal impone una pena contra quien lleve a cabo el espionaje, pero no sanciona a la persona o empresa que compra un equipo, sencillo o sofisticado, para intervenir teléfonos, el correo electrónico o grabar video de forma encubierta.
“La compra de equipo no está debidamente tipificado, por eso en el mercado se encuentra con facilidad, principalmente par las líneas telefónicas”, comentó.
La ley penal establece en los artículos 167, fracción VI, y 177 la intervenciones de las comunicaciones. En el primer caso debe existir un interés económico y en el segundo especifica que si no se cuenta con autorización de un juez, se sancionará al infractor.
“Al que dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones, alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos”, precisa el artículo 167 del Código Penal Federal.
En este caso, la normatividad establece que quien sea sancionado por este artículo se le impondrán de uno hasta cinco años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa.
Aunque el artículo 177 del Código Penal Federal es general, se encuentra dentro del capítulo sobre violación de correspondencia y establece que: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa”.
García Cordero considera que los legisladores deberían incluir en el Código Penal un apartado que también sancione la compra de equipo para espionaje, porque de esa manera los vendedores deberán limitar su mercado a la venta de equipo a gobiernos y entidades autorizadas por la normatividad para practicar este tipo de acciones, con autorización judicial.
Actualmente en México espiar es barato y accesible para cualquier persona, se pueden gastar desde cinco mil pesos hasta 300 mil al ir de compras por Internet, en los mercados informales o adquiriéndolo a través de personas especializadas, que generalmente laboraron en áreas de inteligencia del gobierno.
Se pueden comprar micrófonos ocultos para teléfonos fijos, chips y software para celulares, equipo que permite escuchar todas las llamadas, saber qué números se están conectando y hasta recibir los mensajes de texto, sin que la persona bajo espionaje se dé cuenta.
También se pueden comprar microcámaras para grabar imagen y audio con dispositivos que parecen plumas, llaveros o colocarlos en las casas en relojes, mouse de computadoras o espejos.
Existe software para interceptar los correos electrónicos o robar la información dentro de un disco duro, sin que el dueño se dé cuenta de la sustracción.
Un ex funcionario del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN), consultado por 24 HORAS comentó que a las oficinas del presidente y de sus secretarios de Estado continuamente se hacen revisiones para detectar posibles intervenciones, con aparatos especializados, que permiten identificar fácilmente micrófonos o cámaras que se hubieran colocado.
Sin embargo, añadió la fuente, la tarea se complica para identificar a dónde llegó la señal de esos dispositivos y la persona que la recibió, por ello es difícil detener a quien espía.
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