El procurador de EU, basado en la Ley contra Políticas Corruptas Foráneas (FCPA, por sus siglas en inglés), inició una investigación derivado de una alerta generada por la compañía BizJet International Sales and Support. El año pasado BizJet realizó una auditoria interna para determinar el cumplimiento de la Ley FCPA donde descubrió que se habían pagado sobornos al Estado Mayor Presidencial y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para la obtención de contratos de mantenimiento de aeronaves.

 

No es el primer caso de corrupción y delincuencia que vemos en Los Pinos, tenemos el caso de Nahum Acosta Lugo y del mayor Arturo González Rodríguez. Nahum Acosta fue acusado de tener nexos con el crimen organizado y fue puesto en libertad, ya que solo se comprobaron llamadas con integrantes de miembros de los Beltrán Leyva.

 

El mayor González Rodríguez, quien estaba en una posición de mando dentro del círculo de la seguridad personal del presidente Felipe Calderón, se encuentra bajo proceso. El mayor era informante de los Beltrán Leyva y proporcionaba a los narcotraficantes “información limitada acerca de las actividades y planes de viaje del presidente Calderón” según los cables de la embajada de EU en México dados a conocer por Wikileaks.

 

A esto habría que sumarle el manejo de las licitaciones para el manejo de las fiestas del bicentenario, manejados directamente por Patricia Flores y los gastos de medios de comunicación social en medios alternos que realiza Alejandra Sota, así como el pago de eventos y ceremonias que se tratan de disfrazar al ser estos absorbidos por las secretarías para reducir el impacto presupuestal en el presupuesto y ante el IFAI.

 

Tal vez para tratar de contrarrestar esto, el Presidente ha solicitado que el personal de Los Pinos sea aprobado con la aplicación de pruebas poligráficas y exámenes toxicológicos, para precisamente evitar este tipo de incidentes que pueden incidir en la imagen e investidura del Presidente. Sin embargo, esto ha fallado y es probable que salgan más casos a la luz desde el extranjero derivado de una mayor aplicación del FCPA a las empresas americanas en países de alto riesgo como lo es México.

 

Las armadoras de coches, compañías de blindaje, venta de equipo de telecomunicaciones y muchos otros proveedores con alguna inversión o representación de alguna compañía de EU tendrá que declara si realizo algún pago de soborno o acto de corrupción con la finalidad de cerrar una venta o mejorar su situación. En el caso de BizJet los sobornos fueron realizados por un agente o comisionista de la compañía y no por ellos de manera directa.

 

Las compras administrativas de los presidentes o mandatarios, muchas veces tienen que ser guardadas en confidencialidad por seguridad, inmediatez o necesidad. Una sobre regulación de estos aspectos podría entorpecer las actividades del primer mandatario. Pero en estos casos hemos visto como se ha roto la confianza por una falta de supervisión y un error de elegir a la gente correcta en puestos administrativos. Error que solo es atribuible al mismo presidente Calderón.

 

Es preocupante que el entorno más cercano al Presidente este involucrado en casos de corrupción, y que estos no sean casos aislados sino como lo demuestran los ejemplos expuestos aquí, forman parte de una cultura que esta documentada desde el 2005 y al parecer continua. Tal vez por eso el mensaje de legalidad y de crear un respeto a las leyes no ha podido ser posicionado en la sociedad, porque el ejemplo se inicia en casa.

 

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